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Diario Expreso Ecuador

Alarcón se inventa nuevos hechos para el caso Sinohydro

En un hecho insólito, el fiscal general del Estado planteó acusaciones no contempladas en la formulación de cargos contra uno de los procesados

El expresidente Lenín Moreno durante la audiencia judicial del caso Sinohydro, en el que es investigado junto a otros procesados por presunta corrupción.

El expresidente Lenín Moreno durante la audiencia judicial del caso Sinohydro, en el que es investigado junto a otros procesados por presunta corrupción.Archivo

Roberto Aguilar
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Primera jornada de la audiencia de juicio del caso Sinohydro. Ante el tribunal integrado por los jueces Manuel Cabrera (ponente), Julio Inga y Daniella Camacho, los 21 procesados -entre ellos un expresidente de la República: Lenín Moreno- escuchan al fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, desarrollar su teoría del caso para cada uno de ellos. La teoría del caso es la cancha sobre la que el fiscal se verá obligado a desarrollar su acusación y que, según mandato explícito de la ley, “sólo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la formulación de cargos” (artículo 603 del COIP).

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Uno por uno va el fiscal enumerando los hechos que, a su criterio (a ratos peregrino, pero esa es otra historia) configuran el tipo penal de cohecho bajo el cual ha decidido englobar a todos los acusados. No él: Alarcón heredó este caso de Wilson Toainga, quien lo heredó de Diana Salazar

De pronto, ocurre un hecho insólito: llegado el momento de exponer la teoría del caso del procesado Eduardo Carmigniani, Carlos Alarcón se saca de la manga, o de la chistera, o de donde quiera que se saque el fiscal los argumentos de última hora, unos hechos que no habían sido considerados en la formulación de cargos: un procedimiento que, por sí solo, podría motivar la anulación de su juicio.

El fiscal amplía la acusación contra Carmigniani

Hasta la audiencia preparatoria, que duró varias semanas, a Carmigniani se lo acusaba de recibir dinero de Recorsa, la empresa que Conto Patiño, el amigo de Lenín Moreno, formó en Panamá para gestionar la contratación de Sinohydro para construir la hidroeléctrica Coca Coda Sinclair

Se supone que Recorsa contrató a Carmigniani para que manejara el marco jurídico de esa contratación. Quizá porque le quedaba bastante difícil sustentar la acusación de cohecho con estos datos, (el cohecho es un tipo penal que exige necesariamente la participación de un funcionario público como receptor u oferente del soborno, es decir: no existe cohecho entre privados) parece que el fiscal Alarcón creyó necesario inventarse un nuevo hecho para justificarlo. Así que, a partir de este lunes y sin que medie explicación alguna, Eduardo Carmigniani pasó de simple receptor a “receptor y distribuidor” de sobornos.

¿Distribuidor entre quiénes? ¿De cuánto? ¿Para qué? ¿De qué manera? No lo dijo el fiscal. Habrá que esperar al desarrollo de esta audiencia de juicio para conocer sus argumentos. Argumentos que pretenderá demostrar, según ha sido anunciado, con la significativa cantidad de cero testigos.

La respuesta de la defensa de Carmigniani 

“El fiscal general del Estado ha actuado con evidente temeridad”, dijo José Molina, el abogado de Carmigniani, cuando le llegó el turno de exponer su propia teoría del caso. Y recordó un dato clave: la Procuraduría General del Estado, que interviene en este proceso para reclamar indemnizaciones vía acusación particular, se abstuvo de acusar a Carmigniani, lo cual constituye una excepción significativa, pues sí presentó acción contra todos los demás procesados en el caso Sinohydro. 

Es decir: mientras la Procuraduría se abstiene de acusarlo, por no encontrar mérito alguno para hacerlo, la Fiscalía ha decidido ampliar su acusación. Y cita un par de artículos del viejo Código Penal (vigente cuando supuestamente se cometieron los actos que configuran el presunto cohecho materia de este juicio) que remiten siempre a la participación de un funcionario público. O sea: no aplican, salvo que pueda el fiscal demostrar que Carmigniani transfirió el dinero recibido de Recorsa a algún funcionario público.

Si la teoría del caso es la cancha sobre la cual tendrá obligatoriamente que moverse la Fiscalía para demostrar los delitos que imputa a los procesados, a Carlos Alarcón le corresponde necesariamente demostrar que Eduardo Carmigniani distribuyó el dinero que recibió de Recorsa (por servicios profesionales, hasta donde se sabe), entre funcionarios públicos. 

Que lo derivó al menos a un funcionario público, aunque el verbo “distribuir” que se sacó de la manga el fiscal este lunes supone al menos dos. Quienes siguen el caso Sinohydro están ansiosos de verlo obrar tal milagro con las pruebas de que dispone.

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