La "tasa de seguridad" cayó, pero el conflicto con Colombia aún tiene 5 frentes

La derogación de la tasa de seguridad era la demanda central del conflicto comercial con Colombia y, con su retiro, ese frente quedó resuelto. Pero no es el único.

Detrás de la Resolución 2582 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Sgcan), que ordenó retirar el gravamen, quedan cinco pendientes que también pesan sobre la normalización del comercio bilateral. Algunos tienen plazos vencidos.

¿Colombia ya cumplió?

El pendiente más inmediato está del lado colombiano. Bogotá anunció que derogaría sus aranceles, de hasta el 75%, impuestos sobre cerca de 190 productos ecuatorianos. Pero anunciar no es derogar. Hasta el 1 de junio no había publicado ningún decreto ejecutivo en su Diario Oficial, el único instrumento con efecto jurídico real.

Mientras ese decreto no exista, los aranceles colombianos siguen técnicamente vigentes, las exportaciones ecuatorianas no tienen certeza formal de tarifa cero y los operadores no pueden comprometer volúmenes ni planificar despachos.

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) —que agrupa a cerca de 2.700 empresas que exportan al mercado ecuatoriano— pidió al gobierno de Gustavo Petro aprovechar la derogación ecuatoriana para restablecer plenamente las condiciones de libre comercio.

Ecuador pasó de ser el segundo al cuarto destino de las exportaciones no minero energéticas colombianas durante el primer trimestre de 2026. Carlos Bastidas, de la cadena logística de Carchi, fue directo: la actividad comercial no puede seguir anclada al capricho político.

¿Qué pasa con los pasos fronterizos?

Pero Colombia no es el único que tiene obligaciones pendientes. La Resolución 2581 de la Sgcan ordenó a Ecuador reabrir los pasos de San Miguel —en Sucumbíos—, Tufiño y El Carmelo, todos cerrados desde el 24 de diciembre de 2025, en el mismo plazo de diez días.

Al 1 de junio, el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) San Miguel seguía sin reabrirse. De los otros dos pasos tampoco había ningún acto oficial.

La opacidad en torno a esos pasos es llamativa. Francisco Ballén, exministro de Comercio, advirtió que no existe ningún acto administrativo que acredite si están abiertos o cerrados: la propia Sgcan tuvo que hacer una inspección presencial para comprobarlo.

El gobierno ecuatoriano podría argumentar presencia de grupos armados en la zona, pero Ballén advierte que ese riesgo es controlable con más seguridad en la vía, no con el cierre. Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, confirmó que de los tres pasos no había ninguna información oficial y están cerrados.

Olivia Diezgranados, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, fue tajante: Ecuador tiene que desmontar las restricciones y permitir la movilidad humana y el libre comercio por esos pasos. Diezgranados, explicó,  que Colombia podría estar esperando ese desmonte esta medida para dar por completo cumplida la reciprocidad.

Edwin Vásquez, exsubsecretario de negociaciones comerciales, agregó un matiz: no sabe si en el recurso de reconsideración que Ecuador presentó ante la Sgcan está incluido el tema de los pasos. Si no lo está, la obligación de reabrirlos es autónoma.

Caso contrario, Colombia puede presentar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) un pronunciamiento de incumplimiento con posibles sanciones.

Ballén recuerda además que San Miguel ofrece ventajas operativas en tiempos de tránsito muy superiores a Rumichaca. Mientras los tres sigan cerrados, todo el comercio terrestre bilateral depende de un único punto.

¿Ecuador va a devolver lo cobrado?

El frente más complejo en términos jurídicos es el de las devoluciones. La Sgcan declaró ilegal la tasa no desde mayo, cuando llegó al 100%, sino desde febrero, cuando se creó al 30%. Eso amplía el periodo exigible.

Ballén fue categórico: las empresas formales —las que declaran impuestos, presentan declaraciones aduaneras y nacionalizan cumpliendo todas las formalidades— son las que pagan las consecuencias, y Ecuador va a tener que devolver lo cobrado indebidamente.

Marcelo Bodero, abogado especialista en derecho supranacional andino, fue más directo: reclamaría inmediatamente, porque cada día sin iniciar el proceso es un día en que la cuenta crece con intereses. Para Bodero, las resoluciones de la CAN son de efecto inmediato y ningún recurso suspende el derecho a reclamar.

Vásquez precisó que al retirar la medida antes de que el TJCAN emitiera sentencia directa, Ecuador evitó la vía más fuerte: esa sentencia habría tenido carácter obligatorio. Ahora el camino pasa por los jueces nacionales.

El antecedente de 2018 no es alentador. Ecuador retiró una tasa similar sin devolver lo cobrado. Bodero recuerda ese caso: la resolución final ordenó la devolución, pero Ecuador no la ejecutó.

La deuda, calculada sobre $121,5 millones recaudados entre febrero y abril, crece con intereses. El proceso implicará solicitud ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), probable negativa y escalada al Tribunal Contencioso Tributario. El gobierno no se ha pronunciado sobre qué pasará con ese dinero.

¿Qué pasa con el oleoducto y la luz?

Ecuador subió de $3 a $30 por barril el precio del transporte del crudo de Ecopetrol. Colombia cortó la interconexión eléctrica desde el inicio de la disputa; Ecuador depende de esa energía, en un mercado todavía deficitario.

Ballén señaló que sobre el oleoducto la Sgcan no ha emitido ningún dictamen. Vásquez fue preciso: esos temas quedarán pendientes del resultado de la segunda vuelta colombiana del 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El daño acumulado no espera ese resultado. Las importaciones desde Colombia cayeron un 66% en febrero y un 58% en marzo, según el Banco Central del Ecuador. 

Las exportaciones no petroleras a Colombia bajaron un 3,9% en el primer trimestre de 2026, mientras las importaciones cayeron un 32%, según el Ministerio de Producción.

Álvaro Lucero, presidente del gremio de depósitos temporales aduaneros de Carchi, fue claro: lo perdido en estos meses ya no se recupera, pero las relaciones comerciales entre los dos países deben restablecerse cuanto antes.