La reforma al mercado de valores genera división en la Asamblea

La reforma al mercado extrabursátil dividió al pleno de la Asamblea Nacional. 

En el primer debate del jueves 2 de julio, el bloque oficialista defendió que el Estado deje de pagar comisiones millonarias a las casas de valores privadas, mientras Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC) denunciaron que las reformas al Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) responden a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El debate se centró en analizar los pro y contra de permitir que los títulos públicos, como los bonos estatales que hoy se negocian en el mercado bursátil, migren a un circuito paralelo conocido como mercado extrabursátil, un sistema donde se tranzan instrumentos financieros directamente, sin intermediación de una bolsa de valores.

Reforma al COMYF abre debate sobre mercado extrabursátil

La ponente Nathaly Farinango, presidenta de la comisión, defendió que los artículos 3, 4 y 60 del Libro II fortalecen el mercado bursátil. 

Afirmó que la reforma "amplía y precisa las modalidades de mercado extrabursátil y privado", reconoce a las entidades del sector financiero privado como intermediarios de valores e incorpora el principio de entrega contrapago para reducir riesgos de contraparte.

Desde la propia comisión, la asambleísta Mónica Alemán (PSC) rechazó el proceso. 

Explicó que la mesa incorporó "17 disposiciones ajenas al proyecto original, entre ellas 12 reformas al capítulo de mercado de valores, mandatos de inversión tecnológica al Banco Central y una modificación al régimen de inversión de bonos del Estado". 

Advirtió que esas reformas debieron tramitarse en un proyecto especializado y pidió públicamente al asambleísta Carlos Villacrés retirar las observaciones al Libro II que introdujo en la comisión.

División en la comisión por cambios al mercado de valores

Villacrés, también integrante de la mesa y de Alianza Democrática Nacional (ADN), había defendido su aporte en el pleno. 

Afirmó que "modernizar el mercado de valores" lo vuelve "más ordenado, más seguro, más competitivo" y precisó que "modernizar significa regular, no quitar controles, sino más bien fortalecerlos con mayor transparencia".

El asambleísta José Luis Vallejo, también integrante de la comisión pero de la Revolución Ciudadana, respaldó la crítica. Precisó que los cuatro proyectos unificados solo modificaban el Libro I y propuso retirar del informe el artículo 2, que contiene las reformas al Libro II. Afirmó que las modificaciones al mercado de valores "aparecen ya dentro de la ruta de los compromisos que tiene el país con el FMI".

Oficialismo defiende menor costo para el Estado

El oficialismo respondió con un argumento económico. Sergio Peña explicó que hoy el Estado depende de plataformas privadas de las casas de valores para realizar operaciones y que estas "cobran comisiones millonarias". 

Aseguró que la reforma busca "que el Estado tenga su propia plataforma que no le cueste" y precisó: "No se busca descontrol, se busca optimizar recursos de los ecuatorianos".

El asambleísta Hernán Zapata, también de la comisión, aportó cifras del sistema financiero: 

Aseguró que "el mercado de valores bursátil no se está topando en lo absoluto" y que la reforma solo abre plataformas de negociación entre entidades públicas.

Oposición alerta riesgos en operaciones extrabursátiles

El asambleísta Alfredo Serrano expresó dudas técnicas. "

Recordó dos precedentes: el caso Isspol, "una de las estafas más grandes de este país", con más de $600 millones perdidos, y la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, "a consecuencia justamente del mercado extrabursátil que no estaba debidamente regulado".

La legisladora Mireya Pazmiño (RC) fue más allá. Advirtió que trasladar operaciones estatales al extrabursátil abre "una autopista para el lavado de activos" en un mercado que "no supera el 11 % del PIB" y que resulta "extremadamente atractivo para la movilización ilícita de capitales de dudosa procedencia".

Mariana Yumbay (Pachakutik) coincidió en que las reformas al Libro II "no formaban parte de los proyectos originales y merecen un debate específico". 

Aseguró que el proyecto se está convirtiendo en "un vehículo para introducir reformas vinculadas a la liberalización y flexibilización de los mercados financieros" impulsadas por el FMI.

Farinango defiende unidad de materia y controles antilavado

Farinango replicó en su segundo turno. Citó las sentencias 028-12-SIN-CC y 32-21-IN/21 de la Corte Constitucional para defender la unidad de materia y precisó que el análisis constitucional "debe evitar dos extremos: criterios demasiado laxos y criterios excesivamente rígidos". 

Aseguró además que la reforma incorpora controles antilavado en el artículo 208 y en la disposición general tercera.

Al término del debate, el pleno dispuso el retorno del proyecto a la Comisión de Régimen Económico para la elaboración del informe de segundo debate. 

Farinango invitó a los asambleístas a presentar sus observaciones por escrito y aseguró que el equipo técnico "ha tomado nota de cada una" de las intervenciones.

Bolsas y casas de valores piden reglas iguales y precios visibles

La Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y la Asociación de Casas de Valores del Ecuador (Asocaval) coinciden en que la reforma al mercado de valores necesita ajustes antes de avanzar en la Asamblea. 

Los gremios no rechazan la modernización del sistema, pero advierten que el texto puede dispersar las operaciones en varios canales de negociación.

Una de sus principales preocupaciones es que, si parte de las transacciones sale de los mecanismos bursátiles tradicionales, el mercado pierda una referencia pública de precios. 

Eso dificultaría saber cuánto vale realmente un título, comparar operaciones similares y verificar si una negociación se hizo con información visible para todos los participantes.

Otro punto sensible es el rol que podría asumir la banca privada. BVG, BVQ y Asocaval advierten que permitir que los bancos participen como intermediarios de valores exige reglas equivalentes a las que cumplen las casas de valores, para evitar competencia desigual, conflictos de interés y mayor concentración de operaciones.

Por eso, los gremios piden que cualquier cambio preserve la trazabilidad de las operaciones en tiempo real. También plantean una referencia pública de precios, reportes diarios, datos abiertos y estándares iguales para bancos, casas de valores y demás participantes.