La fusión estatal permite ahorrar, pero atasca al sector productivo de Ecuador

Después de casi un mes  que el Gobierno decretara la fusión de ministerios, los primeros efectos han empezado    a sentirse en el sector productivo.    La integración de entidades, en la práctica, ha implicado el recorte de trabajadores, dando    pie a las demoras y los ‘cuellos de botella’    en la tramitología que debe enfrentar el comercio exterior.

El pasado 18 de junio de 2026, mediante Decreto Ejecutivo, el Gobierno, alegando la necesidad de optimizar recursos estatales, optó por reducir    el gabinete ministerial de 14 a 10 carteras de Estado. Así, entidades como los Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el de Producción y Comercio Exterior y el de Economía y Finanzas, pasaron a ser parte    de      macroorganismos estatales; en este caso, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

La fusión ya genera trabas en las exportaciones

Pero, aunque la propuesta suene bien, en la teoría, su aplicación práctica empieza a generar inconvenientes, así lo señala Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNA), que en las últimas semanas ha venido registrando los primeros problemas para exportar    la oferta pesquera ecuatoriana, que en un 80 % se concentra en el atún.

Esta oferta, recalca, es una especie altamente migratoria que se rige por regulaciones y ordenamientos de nivel mundial. Al asumir estos compromisos internacionales, el país debe cumplir de manera estricta con una serie de normativas para que la pesquería mantenga su orden y los mercados internacionales sigan adquiriendo el producto exportable.

No obstante, tras la fusión, este proceso se ha venido trabando, pues implicó, cuenta Leone, el despido de tres de los seis “agentes firmantes”, quienes son los funcionarios autorizados y capacitados para firmar los documentos y certificados sanitarios y de captura requeridos por mercados como el europeo para el ingreso de los productos.

“Y eso ha generado una demora terrible en los trámites. Tenemos una serie de empresas que piden ayuda porque    tienen cargas que están por llegar a los puertos de destino y los documentos de embarque no están listos”, dijo. Un atraso que obliga a las empresas a pagar costos de demoraje y almacenamiento en los puertos extranjeros, afectando sus costos operativos.

El pedido al Gobierno es revisar ese tema, que temen, podría tardar meses. Registrar    la firma de un nuevo agente entrenado para este fin toma aproximadamente seis meses.

Exportadores alertan un debilitamiento institucional

Xavier Rosero, Presidente Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), admite que aun cuando las agencias de control productivo siguen en funcionamiento durante la fusión, existen    problemas de debilitamiento institucional que se vienen acumulando, lo que hace más compleja la transición. Ante ello, dijo, se está trabajando en una propuesta para rehabilitar y fortalecer los servicios de entidades públicas al sector exportador, cuyos detalles los dará a conocer en los próximos días.

Desde el campo, también hay preocupación por este tema. José Luis García, del Comité de Defensa del Agricultor, explica que casi un mes después de la fusión, aún no se sabe qué pasará con programas de agricultura familiar y con entidades como Agrocalidad y el INIAP, que sostienen los controles, la investigación y el mejoramiento de cultivos.

“El programa de Agricultura Familiar Campesina (AFC) es un programa que ayudaba al 80 % de agricultores del país, pero eso está pendiente porque primero no se ha establecido el nuevo organigrama del nuevo ministerio, asumimos que va a existir un viceministerio de agricultura pero los programas con AFC tendrá que pasar también por una revisión. El deseo del Gobierno, sabemos, es de reducir gastos y este programa de agricultura familiar campesina puede ser uno de los que sean afectados”, dijo.

A su criterio, el riesgo es que las decisiones del nuevo ministerio se concentren en la política económica y dejen atrás las necesidades del agro.

El camarón teme nuevos cuellos de botella

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) señala que, hasta el momento, en su sector no se ha identificado una paralización generalizada de trámites por la medida. Sin embargo, temen que una optimización de recursos pueda afectarlos. Sobre todo, dijo, “en áreas críticas como la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad, que ya opera con recursos muy limitados, es importante que la reorganización no termine agravando esa situación”. Justamente es esa Subscretaría la que hoy debe resolver algunos problemas del sector como la suspensión de compra que China aplica a 14 empresas exportadoras.

Esos problemas contrastan también con el rápido crecimiento del sector. El planteamiento, agrega Camposano, es que si el sector camaronero sigue creciendo y aumenta la demanda de certificaciones y análisis, la capacidad institucional debe crecer en la misma proporción. De lo contrario, es inevitable que se generen demoras y cuellos de botella que terminen afectando el comercio exterior”.

Las decisiones sin consulta preocupan al sector

Leone lamenta que, a pesar de que el sector exportador no petrolero (banano, camarón, pesca, cacao, flores) ha sido el motor de la economía y el generador de superávit comercial en los últimos años, las decisiones se sigan tomando de manera unilateral, sin consultar a los actores clave. La llegada de nuevos funcionarios, que no conocen sobre el sector ni los compromisos que el país ha adquirido previamente, y el cambio de estructuras ministeriales, también ralentizan los procesos. Por situaciones como esta, asegura, el país no ha logrado salir de la    “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión Europea.

¿Traba para incentivos fiscales?

La incorporación de los Ministerios de Economía y Producción bajo un mismo ‘ministerio paraguas’ podría significar un riesgo para la oferta de incentivos fiscales que hoy dinamizan la inversión, advierte el experto Marcelo Bodero. Su temor radica en que    Finanzas, enfocado en controlar el gasto, emita dictámenes negativos a proyectos que buscan estos beneficios, volviendo al Ecuador -un país ya dolarizado y costoso para producir- menos competitivo frente a vecinos como Perú o Colombia. 

Bodero advierte que restringir estos incentivos sería un error de corto plazo, pues no son eternos y generan empleos e impuestos indirectos. Como vía de salida, plantea que la nueva entidad mantenga una estructura independiente que garantice la alternancia y aplique la ley con una visión de largo plazo que brinde previsibilidad al inversor.