Cuatro barreras distancian la inversión minera en Ecuador

La inversión en el sector minero de Ecuador perdió brillo, pese a su riqueza mineral. Tras alcanzar un pico de $ 807 millones en 2018, cuando estaba en auge la construcción de las minas Mirador y Fruta del Norte, la inyección de recursos en esta actividad ha ido en descenso, por la falta de nuevos proyectos que tomen la posta.

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En 2025 la inversión alcanzó los $ 109,2 millones, un 31 % menos que en 2024 y uno de los niveles más bajos de la última década, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

Esta caída se evidencia también en el peso de esta actividad dentro de la inversión total. En 2018, el sector concentró el 58,1 % de toda la inversión directa de Ecuador. Es decir, de cada $ 100 invertidos, $ 58,10 fueron a minería. En 2025 esa participación cayó al 8,1 %, casi 50 puntos porcentuales menos. Esto significa que de cada $ 100 invertidos, solo >

Gobierno modificó la tasa minera

Los resultados de 2025 coinciden con la creación de la tasa de fiscalización minera, el fallido anuncio de la apertura progresiva del catastro minero, cerrado por más de siete años, y la suspensión de la licencia ambiental de Loma Larga, que estaba cerca de entrar en la fase de construcción de mina.

Un año después, el Gobierno modificó la tasa minera, que ahora no se aplica para la fase de exploración, y a finales de julio volvió a ofrecer la apertura progresiva del catastro. “Tenemos proyectado hacerlo por partes, pero ya empezaremos a finales de este año”, aseguró el presidente Daniel Noboa el 31 de julio en radio Platinum.

El Ministerio de Ambiente y Energía atribuyó la demora a la rotación de personal y la reorganización de las entidades encargadas de este sector.

Mientras no se concrete la apertura del catastro para la minería metálica, no es posible entregar nuevas concesiones, precisa Walter Spurrier, director de Análisis Semanal.

Santiago Yépez, consultor minero, alerta que la tasa minera es aún una carga adicional para las empresas. Además, los acuerdos ministeriales 056 y 057, de abril de 2026, abren la puerta a la revisión de contratos de explotación ya negociados, cuando el Gobierno lo considere, pero “el inversionista busca jurisdicciones con políticas públicas a largo plazo”.

Afecta el déficit de generación de energía eléctrica

A esto se suma el déficit de generación eléctrica de Ecuador, que obliga a las minas a contar con plantas propias para abastecerse y operar. Esta situación frenó, por ejemplo, el inicio de la operación de la fase II de Mirador, que apunta a duplicar su producción hasta alcanzar alrededor de 200.000 toneladas anuales de concentrado de cobre. Actualmente, bordea las 96.000 toneladas.

Antes de llegar a este punto, Ecuacorriente, la firma que opera Mirador, deberá contar con al menos 300 megavatios (MW) de generación propia, indicó Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía, quien agregó que el Gobierno prepara un reglamento que permitirá crear clústeres mineros y energéticos para que varias empresas puedan generar conjuntamente la electricidad que necesitan.

Spurrier advierte que “una vez que las empresas identifican potencial minero en el país invierten mucho dinero para construir la mina. Pero si a la par deben pagar la tasa de fiscalización minera y construir una planta eléctrica porque el Estado no le va a vender energía (a partir del 15 de diciembre de 2026), eso es mortal”.

Las empresas mineras buscan jurisdicciones que ofrezcan estabilidad y rendimiento. “En Ecuador no se puede hacer negocios, no hay seguridad jurídica, se ofrecen cosas que no se cumplen, cambian las reglas. Parece que no tienen claro a dónde quieren ir”, subraya el director de Análisis Semanal.

Esta situación ocurre pese a que la minería es un sector clave, considerado incluso en la Agenda de Crecimiento de Ecuador 2040. Solo entre enero y junio de 2026, las ventas de productos mineros crecieron un 40,6 % frente al mismo período de 2025. Estos resultados provienen principalmente de Mirador y Fruta del Norte, además de la mediana y pequeña y minería y también la de tipo artesanal (ver gráfico).

El potencial minero de Ecuador es reconocido a escala mundial. EE.UU., Canadá y China han expresado su apetito por esta industria. Canadá fue más allá y manifestó su interés en que sus empresas mantengan la operación de proyectos en Ecuador. Esta postura fue conocida durante la firma del Tratado de Libre Comercio, el 24 de julio de 2026.

Actualmente, los proyectos de mediana o gran escala a carga de empresas de Canadá se cuentan con los dedos, dice Yépez. Lundin Gold (Fruta del Norte), Dundee Precious Metals (Loma Larga) y Atico Mining (La Plata) tienen sede en ese país. Otros seis están bajo el control de firmas de China.

Para Henry Troya, exviceministro de Minería, el interés canadiense responde a la larga trayectoria de ese país en esta industria. Para China, en cambio, los minerales tienen un valor estratégico porque aseguran insumos para sectores como energía, tecnología, defensa y autos eléctricos.

Para que este interés se concrete, Troya reitera que es clave la seguridad jurídica, “que ha sido bochornosa en los últimos ocho años”. Y añade que el país está lejos de ofrecer seguridad a las firmas por la presencia de grupos irregulares que extorsionan o invaden zonas como Buenos Aires (Imbabura) o Río Blanco (Azuay).

El Ejecutivo señaló que reforzó los controles contra la minería ilegal y que se revisaron con mayor rigurosidad los certificados de exportación para detectar posibles irregularidades. Pero las acciones deben ir más allá.

Troya subraya que si queremos ser un país que apueste por la minería, el Gobierno debe “realizar un análisis de política pública para identificar problemas y soluciones”. La minería, puntualiza Spurrier, es una de las principales alternativas para bajar el sobreendeudamiento de Ecuador. La otra sería subir impuestos.