Los días grises en la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) continúan. Por primera vez en 99 años, la institución oro y grana vive un proceso de intervención a cargo del Ministerio del Deporte, que en menos de quince días ya empezó a arrojar novedades.

EXPRESO conversó con Alejandro Sáenz, interventor encargado en primera instancia por 90 días del trámite que busca transparentar el accionar de la anterior directiva comandada por Walter Trujillo y de la recientemente electa con Miguel Ángel Pavón a la cabeza, que fue la que impugnó las votaciones por supuestas “irregularidades”.

Pese a que las actividades no se han paralizado, ni los deportistas o entrenadores han dejado de lado su programación habitual, Sáenz aseguró que el primer paso es descubrir en qué fueron utilizados los $ 4,8 millones que el Estado transfirió al organismo. Y solo en ese tema ya hay preocupación. “Estamos revisando, junto con el equipo jurídico, contratos y convenios firmados a pocos días de la salida y cuando ya sabían que estaba en acefalía”, reveló el interventor.

Consultado por este Diario al respecto, Trujillo respondió: “Estuve como presidente subrogante dos meses y 20 días y (lo que dice Sáenz) son dos contratos que no fueron firmados de último momento, sino que las negociaciones, por buscar el beneficio de la CDP, demoraron en concretarse”.

De los acuerdos a los que se refiere el extitular, explicó, uno es con una empresa extranjera dedicada a la compra de publicidad interna y externa en estadios, y el otro está relacionado al tema de los bares del Olímpico Atahualpa.

Sáenz, quien ya trabajó en la Secretaría de Deportes del Municipio de Quito y en el ministerio del ramo, aseveró que en el primer diagnóstico también se encontró que hubo una mala ejecución presupuestaria que afecta a los 6.975 deportistas federados por la CDP.

“Los deportistas demandan y se preguntan por qué no llegan los recursos, cuando el Estado destina los respectivos fondos”, manifestó el funcionario, quien adelantó que asimismo indagará el dinero que ingresa a la CDP por autogestión, como por ejemplo con el alquiler de escenarios deportivos.

De acuerdo con la Ley del Deporte, la intervención durará 90 días. Como primer paso, ya se convocó a una asamblea la próxima semana que intentará resolver la impugnación presentada por Trujillo y la representante de los deportistas Merary Herrera.

Sáenz acotó que si las partes involucradas no deponen sus posturas, el proceso podría alargarse de uno a dos años, por engorrosas apelaciones que llegarían a Fedenador y al ministerio como última instancia. Puso como ejemplo el caso de Fedeguayas, que estuvo intervenida poco más de doce meses, hace tres años.

Para que todo se solucione lo más pronto posible, Trujillo dijo a EXPRESO que aceptará lo que resuelva la asamblea. “Si no se cometen errores en la asamblea de elecciones, que reitero no son infundados o llevados por mí o Merary (Herrera), claro que lo respetaremos”, prometió.