Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra operadores de justicia, que habrían actuado de manera irregular tras sucesos como el 30-S, la tarde de este martes 11 de diciembre de 2018.

En octubre pasado, la funcionaria solicitó que se investigue a un total de 200 jueces y 42 fiscales, que habrían actuado en los procesos judiciales tras los disturbios policiales ocurridos el 30 de septiembre de 2010.

Entre los nuevos elementos que se incorporan están las declaraciones de un testigo protegido, quien estaría dispuesto a desvelar las supuestas órdenes que habría recibido de autoridades del gobierno de Rafael Correa para perseguir a los procesados.

Los delitos denunciados son prevaricato, fraude procesal y asociación ilícita.

Por su parte, el mayor Fidel Araujo —a quien el expresidente Correa acusó de incitar la revuelta policial— dijo que en su caso se cometieron muchas ilegalidades. Por ejemplo, explicó, fue absuelto en primera instancia, el fiscal apeló la resolución, un tribunal declaró la nulidad y de oficio se volvió a abrir el caso.

Araujo afirma que solo en su caso actuaron cerca de 25 operadores de justicia, entre jueces y fiscales.