Presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Fue la primera mujer en graduarse en Matemáticas de la Escuela Politécnica Nacional, en Quito; tiene un doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Wichita, EE. UU.; fue la primera vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito. También es editora de Industrial and Systems Engineering Review, ISER.

Desde 2022, Ximena Córdova dirige el Caces. La titular de este organismo dialoga con EXPRESO sobre por qué el Caces no ha evaluado todo el sistema de educación superior, como lo había determinado la Constitución.

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Hasta la fecha solo se han evaluado cinco carreras: Odontología, Medicina, Enfermería y Derecho; ¿por qué no han evaluado el resto de las ofertas de grado?

De acuerdo con la ley (Constitución), el Caces debería evaluar todas las carreras; sin embargo, por disposición, únicamente se evalúan las carreras que son de interés público. De esas, únicamente tenemos pendientes dos carreras porque no pasaron la acreditación del último proceso: la de Medicina y la de Odontología. Estas estaban en su proceso de mejora y de ponerse al día.

¿Estas dos carreras son de la Universidad de Guayaquil?

Sí.

¿Quién determinó qué carreras son de interés público?

La Senescyt.

¿Qué pasará con el resto de las carreras, serán evaluadas?

Eso se irá definiendo en el tiempo, dependiendo de qué es el interés. Recuerde que son procesos muy costosos para el Estado. El rato en el que se define que una carrera es de interés público se tienen que evaluar a todas a nivel país, por ejemplo, al momento tenemos 35 carreras de Medicina que deberían ser evaluadas en la próxima evaluación.

¿Esa carrera será evaluada en 2024?

No, para el 2024 tenemos la acreditación de las dos carreras pendientes. También, se va a lanzar los modelos específicos para Medicina, Odontología, Enfermería y Derecho, pero se evaluarían en 2027; de acuerdo con la ley, el modelo debe estar vigente tres años antes de iniciar un proceso de evaluación con fines de acreditación.

¿Por qué recién se estaría aprobando el modelo de evaluación, ya que se tendrá que esperar tres años más para su evaluación?

Aquí, se debieron haber desarrollado esos modelos, luego de la última evaluación...

¿Por qué no se lo hizo?

Circunstancias, de repente el tiempo, el cambio, etcétera. Lo que sí se ha hecho es que las carreras que han sido acreditadas sigan acreditadas, o sea, se ha hecho la extensión de la acreditación hasta que nosotros volvamos a hacer el proceso.

¿Por qué se decidió que los posgrados de Administración y Educación sean evaluados y no los concernientes a los de interés público?

La comisión, que se encarga de hacer el desarrollo de este modelo, analizó la información que se tiene en el Sistema de Educación Superior y se dieron cuenta de que en Administración hay una mayor cantidad de posgrados. Desde ese punto de vista era lógico empezar con aquellas carreras que tenían mayor incidencia dentro de la sociedad para evaluar la calidad de los programas.

¿Cómo se escogerá a qué posgrados se evaluarán o van a evaluar el 100 % de ellos?

La ley nos dice que hay que evaluar todos los posgrados...

La Constitución también dice que todas las carreras deben ser evaluadas, pero no todas han sido evaluadas.

Totalmente de acuerdo. Si no me equivoco, hay como 3.000 posgrados en Administración; entonces, evaluar eso... Hay que definir y esa es una de las cosas que la comisión está haciendo: cómo va a evaluar, tomando en consideración que es la primera vez que se va a hacer. Y desde el punto de vista financiero, para el Estado puede llegar a ser costoso.

¿Cuál es el presupuesto que necesita el Caces para cumplir con la disposición transitoria?

Si solamente pensamos en el proceso de evaluación de las universidades y escuelas politécnicas que se va a realizar dentro de tres años, se requiere una comisión evaluadora de tres personas que tienen que ir a las universidades; cada una de ellas evaluaría dos o tres universidades si son grandes. Hay 61 universidades, por lo que requeriríamos 20 grupos de pares evaluadores.

¿Cuánto sería el costo?

Hicimos un cálculo de cuánto costaría evaluar cada universidad y es de $ 50.000.

¿Cree que fue un error por parte de los asambleístas constituyentes establecer que en cinco años tenían que evaluar todas las universidades, carreras, programas y posgrados?

Yo no lo llamaría error; es una disposición que el Caces debió haber asumido; ahora estamos tratando de terminarlo...

¿El plazo fue irreal?

En las acreditaciones anteriores, las universidades se acreditaban por cinco años y luego de eso, el sistema en general debía ser nuevamente evaluado. Luego tuvimos la pandemia (...). Hubo una acreditación en 2013, en 2018...

Pero es que, para 2013, antes de la pandemia, todo el sistema de educación superior debió haber sido evaluado; teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando. ¿Fue una camisa de fuerza ese plazo?

Viéndolo así, el cumplir con todo es complicado y es supercostoso. Tal vez ponerlo en la Constitución esos cinco años y que se tenga que cumplir todos estos procesos es una camisa de fuerza definitivamente.

¿Pueden cumplir con lo establecido, teniendo en cuenta la situación del país?

Paulatinamente sí; por ejemplo, a finales de 2024 se va a cumplir con los institutos por segunda vez; en 2026, las universidades; en 2027, las carreras de interés público y se empezará con los posgrados.

¿Qué presupuesto necesitarían para 2024?

Para 2024, necesitamos al menos $ 7 millones, porque tenemos un proceso grande; para 2026, $ 3,5 millones más de lo que tenemos presupuestado.

- ¿El Estado podrá proveerlo?

- El Estado tendrá que hacerlo porque es un compromiso por parte de la ley.

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