La virtualidad no salva a las escuelas de las extorsiones

Martina a quien llamaremos así porque prefiere el anonimato debido al reinado de la violencia criminal en el cantón Durán provincia del Guayas, ya dio 10 centavos de dólar que le pidieron en la escuela Carlos Pérez Perasso para participar de una minga de limpieza durante este fin de semana, porque el lunes 13 regresan a la presencialidad.

“La disposición viene desde el Ministerio de Educación, eso nos dijeron. Yo quiero que mi hijo vuelva a las aulas, pero mire ahorita, estamos sin luz y escondidos porque en cualquier momento se escucha una balacera, no hay como estar afuera en este sector” recalcó la madre de familia.

Diario EXPRESO recorrió el lugar y dialogó con trabajadores del sitio y denunciaron que maestros e incluso la directora de la institución recibieron amenazas de extorsiones para funcionar con tranquilidad. Se les ha pedido $1000 mensuales.

Y es por esta misma razón que los familiares de las niñas, niños y adolescentes que pertenecen a la unidad educativa piden que se mantenga la virtualidad o al menos exista la verdadera seguridad en los alrededores de la escuela.

“No es algo que se debe desear, es algo que siempre debe estar asegurado, es responsabilidad del Estado combatir el crimen, darnos seguridad, pero ni porque fue un lugar priorizado hay patrullaje, así como ve ahorita, no hay un solo policía” expuso Jaime, también nombre ficticio pues teme por su vida.

La institución lleva cinco semanas en clases virtuales y es parte del listado de 34 unidades educativas que hace un mes se les impuso la modalidad virtual a través de un comunicado porque no habían garantías de vida ni para los estudiantes, trabajadores y familiares que se acercan a dejar y recoger a los menores de edad en sus clases.

De esta manera se quedaban solo 26 unidades educativas con la modalidad presencial.

Hasta el cierre de esta edición el ministerio de Educación no confirmó bajo qué criterios se habilitó la presencialidad en esta institución, la misma que tuvo un atentado terrorista con explosivo hace un mes y a menos de una cuadra y media del inmueble se dio la muerte violenta de una mujer.

Desde el equipo de comunicación de Educación se indicó que están esperando la respuesta desde el área técnica para poder precisar cuantas instituciones funcionan con normalidad.

En el escrito de la cartera de Estado dado hace un mes, se reafirmó que se solicitará a la Policía Nacional realizar una verificación de los predios para “definir acciones específicas de patrullaje en los horarios de entrada y salida a clases, conforme lo establecido en el Plan Escuelas Seguras”.

Pero los habitantes de Durán señalan que no cuentan con esos patrullajes, pese a que en julio pasado se presentó el programa Policía Escolar, en su presentación estuvo el ministro del Interior, Juan Zapata, la titular de Educación, María Brow, el alcalde de Durán, Luis Chonillo y el gobernador del Guayas de ese entonces, Francisco Jiménez.

“Desde el lanzamiento de ese plan, no se han detenido las muertes violentas, hay más muertes violentas, hay más miedo y mire que ni se inicia clases y ya están pidiendo vacunas ¿Cómo puede ser posible esto? Agregó otro padre de familia.

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Este medio de comunicación    pidió a la zona 8 (que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón) de la Policía Nacional, los resultados y avances del programa presentado, el mismo que también ordenó que exista un uniformado de forma permanentemente en la infraestructura para evitar que se concreten hechos delictivos, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo una respuesta.

Una muestra de que en la ciudad de Durán aún no se ha retomado el control es que su alcalde sigue administrando de forma telemática y otro indicador es que se han triplicado las mueres violentas en comparación al año anterior.

Es decir, del 01 de enero hasta el 05 de noviembre hubo un total de 303 asesinatos y en comparación al mismo periodo del año 2022 fueron 112 casos.

Realidad que la ubica como una de las ciudades más violentas del país por tener una tasa de homicidios del 97,70 por cada 100.000 habitantes, en lo que respecta a municipios de más de 300.000 personas.

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