Limitar la participación de las mujeres en la política, violenta sus derechos y el pleno ejercicio de democracia de la ciudadanía. En Ecuador se aplicará el 50 % de participación femenina en las listas de candidatos a diferentes dignidades, a partir de las elecciones del 20 de agosto.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) señaló que entre 2021 y 2022 recibieron 18 causas sobre violencia política de género, ocho superaron la etapa de admisibilidad y seis recibieron sentencia, es decir, el 33 %. Quienes violentaron los derechos de las mujeres en participación política fueron sancionados con multas, destitución y en varios casos debieron realizar acciones de reparación.

En febrero de 2020, la Ley de Orgánica Electoral o Código de la Democracia fue reformada, en esta nueva versión la violencia política de género está tipificada en su artículo 280 como la agresión cometida, directa o indirectamente, contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia, orientada a restringir su accionar o el ejercicio de funciones propias de su cargo.

Esta es una infracción electoral muy grave, misma que se sanciona con multa de 21 hasta 70 salarios básicos (de $ 8.925 a $ 29.750), además de la destitución o suspensión de derechos de participación entre dos y cuatro años.

Para la politóloga Ariana Tanca, los casos sientan un precedente, pues el TCE solo puede juzgar si es que existe una denuncia, “antes no se denunciaba, ahora hay mucha más visibilización de esta infracción electoral que es muy grave, además el TCE, a través de la jueza Ivonne Coloma, ha hecho un buen trabajo socializando de qué se trata la violencia de género”, comentó Tanca. 

Sobre las penalidades, la politóloga afirma que están orientadas para que sean disuasivas para procurar que el ejercicio de la política sea un juego limpio y los actores políticos piensen dos veces antes de actuar, concluyó Tanca.

Karina Ponce, del movimiento Megamujeres, menciona que la violencia política hacia las mujeres ha existido desde siempre y con el Código de la Democracia se materializa la posibilidad de sancionar esta violencia. Además, coincide con Tanca al señalar la importancia de realizar las denuncias.

Para Ponce, las sanciones que aplica el TCE, como la pérdida de derechos y destitución del cargo, facilitan sentar un precedente a los actores políticos ya que, si por el contrario, fuese un proceso penal, el tiempo de la causa sería muy largo. Además, añade que existen casos de este tipo que no son denunciados por temor. 

Pero pese a las diversas sanciones que han recibido diferentes actores políticos, no se puede afirmar que la violencia política de género haya disminuido, así lo afirma la Dra. Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana.

“Es necesario considerar que los fallos son la visibilización e identificación de la violencia como un problema. Es un avance que haya jurisprudencia y casos juzgados, porque eso significa que estos han tenido la suficiente incidencia para que la justicia favorezca a las mujeres”.

Hidalgo señala, además, que de acuerdo a los datos que levanta mensualmente la Corporación de Participación Ciudadana sobre violencia política en redes sociales, estos evidencian que las agresiones en este espacio tienden a duplicarse durante los procesos electorales, contra las mujeres que ostentan una candidatura.

Las expertas consultadas concuerdan que los fallos del TCE son un gran aporte para la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y, asimismo, afirman que aún hay mucho trabajo que hacer al respecto. Ellas afirman que la violencia hacia la mujer en el ambiente político está aún muy arraigado en nuestra sociedad y que estarán vigilantes del proceso electoral que está en marcha.

Otras de las sanciones que el organismo electoral emitió al respecto son: la de la exlegisladora Mónica Palacios, contra el exconsejero de gobierno Diego Ordóñez, quien mediante un tuit hizo referencia a actividades personales de la legisladora, mismas que terminaron siendo usadas por otros usuarios para desprestigiarla. La sanción para Ordóñez fue una multa de $ 8.400 y ofrecer disculpas públicas a través del mismo medio por el que se difundió el mensaje ofensivo que motivó la denuncia.

Y de la excandidata a la alcaldía de Quito, Jéssica Jaramillo, quien fue víctima de violencia política de género por parte de Alejandro Rodas Coloma, quien buscaba ser concejal de Quito y que a través de redes sociales hizo comentarios acerca del peso de la candidata. Rodas fue multado con $ 8.925, la suspensión de los derechos de participación por el lapso de dos años y disculpas públicas.

FE DE ERRORES

En una primera edición de esta nota se hizo mención a una "jueza Veloz", cuando lo correcto es "la jueza Ivonne Coloma". Pedimos disculpas a nuestros lectores.