Pasarán 23 días desde que Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador, abandonara el país para que una jueza decida su vinculación a un proceso legal por cohecho.

A pesar que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 593 dice que la audiencia “se llevará a cabo en un plazo no mayor a cinco días” la jueza Karen Matamoros fijó para el 21 de octubre la audiencia de vinculación. La diligencia fue solicitada por la Fiscalía el 3 de octubre y busca incorporar a 12 personas al caso de cohecho seguido contra Javier Baquerizo.

La Fiscalía sospecha que hubo un pago de comisiones para obtener contratos en la empresa estatal Petroecuador. Aunque el nombre de Pareja ya apareció hace cinco meses, su incorporación al caso solo se dio hace nueve días.

¿La razón? El fiscal Galo Chiriboga explicó a EXPRESO que no se podía hacer más porque contra el funcionario solo había una denuncia, mientras que con Baquerizo, cuando se formularon cargos, ya había información sobre operaciones inusuales.

Pero el exfiscal Fernando Lara observa fallas en el caso. Aunque por un lado da la razón al fiscal al no pedir la inmediata formulación de cargos por no contar con un informe de Contraloría que determine indicios de responsabilidad penal, por otro lado saca cuentas.

Si Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, fue detenido el 16 de mayo y a Pareja se lo relacionaba con él, “la actuación debía ser inmediata”, opina.

Lara dice que para evitar la salida de Pareja se lo debía investigar por otros delitos que no necesitaban informe de Contraloría. Uno es asociación ilícita, recurso que usualmente es utilizado por la Fiscalía.

Explica que dentro de ese ilícito se podía pedir medidas cautelares en contra de todos los involucrados. Considera que “la Fiscalía tiene que investigar, no esperar que denuncien”. Para él, en el desarrollo del caso “hubo afán de proteger a Pareja”.

El exfiscal agrega que Pareja puede ir por cualquier país porque no tiene impedimento. Para pedir la difusión roja a Interpol se necesita formular cargos y que se dicte su prisión preventiva. Eso no ocurrirá antes del 21 de octubre.

Jorge Rodríguez, secretario de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, asegura que “la vara para medir del fiscal depende de las conveniencias de las entidades públicas”. Cita casos denunciados por la Comisión que ni siquiera tienen fecha de reconocimiento de firma.