El veto parcial enviado por Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional por la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación será enviado a la Corte Constitucional para que este organismo analice la constitucionalidad de la objeción presidencial.

La asambleísta Johanna Moreira, quien mocionó ante el pleno del legislativo para que este veto pase por el examen constitucional, explicó en su discurso que "pretender utilizar una objeción parcial para que la Asamblea resuelva conflictos de constitucionalidad sería un error"

La aprobación de esta moción suspende el plazo de 30 días que estaba corriendo para que la legislatura se allane al veto, por lo que la Corte Constitucional tiene, asimismo, 30 días para hacer el control constitucional antes que este sea tratado por la Asamblea.

Moreira enfatizó en que la objeción parcial del ejecutivo al proyecto de ley "incluye la posición personal del Presidente de la República".

Sin embargo, la asambleísta oficialista Ana Belén Cordero, asegura que los plazos siguen corriendo para el legislativo, lo que significaría que, de pasar los 30 días para que la Asamblea se pronuncie sobre el proyecto de ley de aborto por violación, sin una respuesta certera, esta pasaría por el ministerio de la ley, tal y cómo fue enviada por Lasso con todas sus objeciones.

Ocho de los nueve asambleístas que integran la Comisión de Justicia de la Asamblea habrían recomendado que la objeción parcial debía ser enviada a la Corte Constitucional, porque esta “se fundamenta en supuestas violaciones a principios y derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador”.

Guillermo Lasso habría hecho 26 cambios al proyecto de ley enviado por el legislativo señalando que este conceptualiza al aborto "como un derecho, lo cual es contrario al ordenamiento jurídico”.