Venezolanos labraran la tierra por decreto

El Gobierno venezolano ordenó a todas las empresas, tanto públicas como privadas, que pongan a disposición del Estado a sus empleados para trabajar en el desarrollo agroalimentario del país durante 60 días, un plazo que se puede prorrogar por otros 60 más, según un decreto.

La única condición es que los empleados reasignados tengan las “condiciones físicas y técnicas” para ejercer las funciones requeridas. El Ejecutivo asumirá el pago del salario base y las empresas seguirán cancelando las cotizaciones sociales de los trabajadores cedidos.

El cimiento de este nuevo régimen laboral está en el decreto de estado de excepción y de emergencia económica impulsado este año por el gobierno de Nicolás Maduro para atender la carestía en Venezuela.

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, no ha podido soportar el desplome de los precios del crudo. La fractura financiera se ha traducido en una dramática escasez de productos básicos.

Maduro ha aplicado como recursos extremos el decreto de estado de excepción, la creación de la llamada ‘gran misión abastecimiento soberano y seguro’ que encomienda a las Fuerzas Armadas el control de la distribución y producción de los alimentos y, ahora, la decisión de obligar a los empleados públicos y privados a cambiar eventualmente de trabajo.

Amnistía Internacional (AI) tildó de trabajo forzado la polémica medida. “Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita”, dijo Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

Esta última medida podría ser inútil. El Estado venezolano debe más de $ 400 millones a los proveedores de insumos agrícolas, calcula la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios.

También afronta demandas en tribunales internacionales. A principios de julio, los expropietarios de la compañía Agroisleña acudieron al Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en EE. UU.) para interponer una demanda contra el Estado venezolano por no haberles indemnizado al expropiar esta empresa española en 2010.

La compañía, que suministraba insumos agrícolas a la mayoría de los productores, fue expropiada por el presidente Hugo Chávez por supuestamente especular con los precios de la venta de las semillas para el cultivo. “Ahora vas a ver lo que será una nueva institución en manos del pueblo. Vamos a bajar los precios...”, dijo entonces Chávez. Agroisleña ahora es Agropatria, una sociedad manejada por el Gobierno.

En un supermercado de Caracas, más de cien venezolanos aguardan desde la madrugada ante la inminente llegada de comida a precios regulados por el Gobierno. Hay una estantería repleta de fréjoles rojos, pero no se compran, ya que cuestan más de 3.000 bolívares por kilogramo; un 20 % del salario mínimo en Venezuela.