Urbanismo sin ley

En San Jacinto de Yaguachi, el letargo de la tarde desapareció el año pasado. La regeneración entró a la fuerza por las rendijas de las casas, transformando el pueblo que, en veinte años, no había visto mayores cambios.

Con el perverso sol de la tarde como telón, pesadas retroexcavadoras reconstruyen la ciudad de 60.958 habitantes. Vías como la Julio Jaramillo y la 5 de Junio tendrán, por primera vez, aceras, canaletas, alcantarillado e incluso coloridos adoquines.

Pero es un cambio reciente, y uno que viene a medias. En la pequeña urbe, cuyas fiestas patronales atraen a miles de turistas de todo el Litoral, la dirección de Ordenamiento Territorial cumplió, hace pocas semanas, su primer año de vida.

El pueblo creció como lo hicieron muchos en el Guayas, sin documentos ni planos. Pero el terremoto de 2016 sacudió, a más de las casas, las normas con las que se regía el urbanismo en este y otros cantones colindantes, obligándolos a entrar al siglo XXI sin una hoja de ruta clara.

Los primeros descubrimientos vinieron tras el sismo.

“Cuando inspeccionamos las viviendas afectadas descubrimos que una gran parte de los planos que habían sido presentados al Municipio no coincidían con lo que se construyó”, narró José Baratau, director de Obras Públicas de este Cabildo guayasense.

Pero afirma que, pese a ello, no cuentan con posibilidades para desarrollar una fiscalización que determine la calidad o veracidad de lo que hoy por hoy se edifica en la localidad. “No tenemos cómo comprobar que lo que se construye es sobre los planos que se entregan”.

Reparar esa falencia vendrá después. Es uno de los objetivos trazados para los próximos dos años de gestión municipal. Por lo pronto, en 2017 esperan terminar el desarrollo de las ordenanzas con las que se regularán las construcciones, el 100 % de la legalización de predios y el catastro urbano, procesos que también iniciaron tras el sismo.

En Durán, el ordenamiento territorial está en un limbo, entre la realidad y la ficción.

Esto, indicó David Méndez, coordinador de la dirección, porque hasta hace dos años no existía. “Cuando asumimos la alcaldía, no había un departamento de ordenamiento territorial. Se trabajaba con cuatro personas y sin la planificación adecuada. No había ni siquiera un catastro actualizado de los predios”, admitió.

Las cifras apoyan su aseveración. Según los datos de este Cabildo, el 80 % de la ciudad, en la que residen cerca de 300.000 habitantes, no está regularizada.

Uno de los principales problemas es que el concepto de uso de suelo jamás se aplicó, por lo que en más de 20 barrios, industrias y áreas residenciales viven en comunión obligada.

Adicionalmente la construcción en Durán se realizó sin los permisos adecuados. En ciudadelas que debían sostener casas de tan solo un piso, como El Recreo, es habitual encontrar edificios y residencias de dos y tres niveles.

¿Se puede corregir una herencia de más de medio siglo? El funcionario sabe que no, pero añade que en el último año, el Municipio ha venido haciendo lo único que sí se puede hacer, por lo menos durante este periodo administrativo: definir las reglas de juego.

Hay veinte ordenanzas en proceso de aprobación. Estas serán las encargadas de regir la edificación de la ciudad y de mitigar los daños creados por el crecimiento desmedido.

“No son excusas. Entendemos que este es un trabajo que tiene un alto costo político, porque se hace del Municipio para adentro. No hay cómo explicarle al ciudadano que necesita agua potable, que primero se tiene que delimitar, luego rellenar para subir el nivel de las calles y de ahí construir las redes”, explicó.

Y aunque el Cabildo espera aprobar la totalidad de las normas hasta fines de 2017, sus efectos reales se podrán ver en unos 15 o 20 años, eso siempre y cuando las administraciones posteriores las mantengan.

En Milagro, el proceso urbanístico siguió un trayecto similar. Hasta hace dos años, para erigir una vivienda en este cantón, el permiso de construcción no era necesario.

Debido a esto, la regularización de la ciudad avanza “de manera paulatina”, señaló la Dirección de Urbanismo, Arquitectura y Construcción, pues muchas de las casas y edificios construidos se salen de la línea de fábrica, invaden las aceras o no cuentan con mínimas normas de seguridad.

Encontrar un equilibrio entre las ordenanzas que rigen actualmente y la edificación previa es el principal reto de esta urbe.

A la par de esa labor, 26 asentamientos están en proceso de regularización, los estudios del catastro se están llevando a cabo con un crédito internacional e incluso la nomenclatura vial está en su primera etapa.

La lista de pendientes es larga. No obstante, el adagio popular lo resume bien, es mejor tarde que nunca.

Un ‘ojo seco’ sobre los municipios

En mayo de 2016, la Asamblea Nacional aprobó la creación de una Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. La entidad es la responsable de controlar y sancionar a los gobiernos autónomos descentralizados y asegurar que estos regulen el suelo con responsabilidad, garantizando un crecimiento urbano con acceso a servicios básicos, con un hábitat seguro, saludable, en zonas sin riesgo. Hasta ahora, la entidad no ha publicado los resultados obtenidos en los controles a los cabildos.