El presidente Lenín Moreno le puso el sello final a la salida de Ecuador la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Antes de que inicie el feriado, el mandatario firmó el decreto con el que el país denunció, en todo su contenido, el “Tratado Constitutivo” del organismo.

Fueron necesarios algo más de siete meses para que se complete todo el trámite interno de auto exclusión del sistema de integración que se conformó en 2008, por los entonces mandatarios del autodenominado eje progresista.

Estos son los momentos que tuvieron con transcurrir dentro del país para salir del alicaído bloque de integración regional.

El 11 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció a la presidencia pro-tempore de Unasur, en manos de Bolivia, la voluntad del Gobierno ecuatoriano de abandonar este sistema de integración.

El 30 de abril el pleno de la Corte Constitucional determinó que la denuncia del tratado internacional, que llegó a este organismo para el análisis de constitucionalidad, debía ser aprobada por la Asamblea Nacional.

El 18 de junio, la Corte Constitucional se pronunció a favor de la constitucionalidad del documento elaborado por el Estado ecuatoriano para denunciar el tratado y pedir la salida de Unasur.

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El 17 de septiembre, el Legislativo se votó al respecto. Con 79 votos a favor (de 70 necesario), cuatro abstenciones y 36 en contra se aprobó la partida del proyecto de integración.

El 29 de septiembre el presidente Moreno firmó el decreto luego de que, tanto la Corte Constitucional como la Asamblea, dieran luz verde a la pretensión.

Según el tratado constitutivo de Unasur, la denuncia surtirá efecto una vez que haya transcurrido seis meses desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el depositario que se encargará de comunicará la situación a los demás integrantes.

“La notificación de denuncia no eximirá al Estado Miembro de la obligación de pago de las contribuciones ordinarias que tuviere pendientes”, señala la normativa de este sistema.

Unasur entró en crisis en 2017 cuando los 12 países miembros no lograron un consenso para la designación de un secretario general. Esto se agravó por las posiciones dispares que hubo sobre la crisis económica, política y social que afronta Venezuela.

Para abril de 2018, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron que suspenden su participación, incluyendo el financiamiento de Unasur. Permanecen Bolivia, Venezuela, Guayana. Surinam y Uruguay.