Los cancilleres de la Unión Europea adoptaron ayer una serie de medidas, entre ellas un embargo de armas y un marco jurídico sobre futuras sanciones contra “responsables de graves violaciones de los derechos humanos”, con el objetivo de “favorecer” el diálogo en Venezuela.

“El Consejo [de la UE] decidió por unanimidad adoptar medidas restrictivas, subrayando su preocupación por la situación en el país”, indicó esta institución europea en un comunicado, minutos después del inicio de la reunión de cancilleres en Bruselas.

Las medidas contemplan un “embargo de armas y material relacionado que podría usarse para la represión interna, así como un marco legal para la prohibición de viajar y la congelación de activos” para responsables de las violaciones de derechos humanos en el país, precisó esta fuente.

Desde el inicio en abril de las protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos en cuatro meses, varios dirigentes europeos, entre ellos el presidente de la Eurocámara Antonio Tajani, urgieron a la UE a adoptar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Pero la instalación de la oficialista Asamblea Constituyente, que rige el país con poderes absolutos desde agosto y que tanto la oposición como países de América y Europa desconocen, supuso la gota que colmó el vaso de una UE que abrió la vía al estudio de sanciones.

El Gobierno de Venezuela repudió las sanciones y aseguró que esta decisión pretende “imponer ilegales, absurdas e ineficaces” medidas “contra el pueblo”, según una nota de la Cancillería del país caribeño.

Los ministros reiteraron que la UE no reconoce a la Asamblea Constituyente o sus actos ante las “serias dudas sobre su legitimidad y representación” y pidieron “respeto a las prerrogativas de la Asamblea Nacional”

Respecto a las sanciones contra responsables de las violaciones de los derechos humanos, la UE adoptó el marco, pero no incluyó por ahora a ninguna persona en esa ‘lista negra’. Una fuente diplomática dijo que se trata de una “advertencia” a Caracas.

La UE se suma así a Canadá y Estados Unidos en la adopción de sanciones, si bien las de Washington fueron más allá, al prohibir a sus ciudadanos y empresas negociar deuda emitida por el Gobierno venezolano y su estatal petrolera PDVSA, en un momento en que el país se encuentra al borde del ‘default’.

Para revertir las medidas restrictivas aprobadas, Europa pide cuatro condiciones: “la celebración de negociaciones creíbles y sustanciales, el respeto a las instituciones democráticas, la adopción de un calendario electoral pleno y la liberación de todos los presos políticos”. El texto adoptado insta al Gobierno venezolano a “restaurar urgentemente la legitimidad democrática, incluidas elecciones libres y justas”.

Las sanciones llegan además cuando mañana podrían reanudarse las negociaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición en República Dominicana.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela “en el exilio” declarará próximamente la apertura de un canal humanitario para paliar la escasez de alimentos y medicamentos, dijo la magistrada Elenis Rodríguez, que está asilada en Chile.

Reunión concluyó sin acuerdo

Una primera reunión entre el Gobierno de Venezuela y sus acreedores para discutir una reestructuración de la deuda externa del país y de su petrolera estatal concluyó sin propuestas concretas.

Los inversores salieron de la reunión cargados de bolsas de finos chocolates y café, pero sin un panorama claro sobre cómo proseguirán las conversaciones que apuntan a renegociar los términos de unos 60.000 millones de dólares de deuda soberana y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Casi un centenar de inversores -o sus representantes- acudieron a la sede administrativa del palacio presidencial en Caracas para asistir al encuentro promovido por el mandatario.