No haber inventariado tres piezas arqueológicas en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y no constar como coleccionistas de este tipo de artes, fueron las causas por las que ahora el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley se enfrentan a un nuevo proceso penal, con medidas cautelares.

Esta mañana, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos en contra del exmandatario y su primogénito, por el delito de transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural, sancionado con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años de cárcel.

La apertura del nuevo proceso se derivó de los resultados de un informe pericial que se hizo a los objetos incautados en la vivienda de Bucaram, el pasado 3 de junio, fecha en que la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la FGE ejecutó varios allanamientos en el país, como parte de las investigaciones que emprendió en casos de presunta corrupción por la adquisición de insumos y materiales médicos, para enfrentar la COVID-19.

El fiscal César Suárez Pilay, de la Unidad de Administración Pública, expuso en la audiencia que se celebró esta mañana, los elementos de convicción que llevaron a la Fiscalía a formular cargos en contra de padre e hijo, por tres de 22 piezas arqueológicas que se incautaron. Entre ellos, la versión de los agentes policiales que hicieron el peritaje y el informe investigativo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) que certifica que tres de las piezas (vasijas) son originales, pero que no se encuentran registradas dentro de la entidad como así debió hacerse; además, de que los procesados no constan como coleccionistas.

“Debió haberse registrado como coleccionista y no lo está”, recalcó el fiscal a EXPRESO, al señalar que se ha solicitado a la Presidencia de la República para que certifique o descarte si esas piezas fueron regaladas durante el mandato del expresidente. La defensa de Bucaram sostuvo en audiencia que las reliquias ancestrales fueron parte de los obsequios que recibió durante su administración.

Según las investigaciones, las vasijas son parte de la Cultura Bahía, perteneciente al Periodo de Desarrollo Regional con una antigüedad de 500 años antes de Cristo, y 650 años dC., además de otra correspondiente al Periodo Tardío con una antigüedad de 1470 años dC.

Con base en esos elementos, el fiscal Suárez solicitó la prisión preventiva en contra de los dos procesados. Lo que fue acogido en parte por el juez Juan Carlos Terán, de la Unidad Judicial Norte de Guayaquil (Florida norte).

Tras dejar sentado que no ha recibido presión de ninguna naturaleza y, por ello, permitió el acceso a la prensa por ser una audiencia pública, el funcionario judicial ordenó medidas cautelares sustitutivas a la prisión en contra de Bucaram Ortiz: la prohibición de salida del país, presentarse todos los viernes ante la Fiscalía y llevar dispositivo electrónico. En contra de Jacobo dispuso la prisión preventiva al considerar que el arraigo social que presentó la defensa del procesado no es suficiente “por la simple razón de que está prófugo. Si se hubiese presentado al proceso (que se sigue en su contra por el delito de delincuencia organizada) era suficiente”, manifestó el funcionario al sostener que eso no le da suficiente garantía de que se va a presentar a este nuevo proceso que enfrenta el primogénito de Bucaram, por lo que ordenó la inmediata localización y captura de él. Tras la resolución, los defensores apelaron las medidas cautelares ordenadas.