El Estado traza un plan para ‘optimizar’ su tamano

El Ejecutivo intenta poner orden. Los servidores públicos, que según el Ministerio de Trabajo ya suman 480.475, pasarán por una etapa de evaluación. Algunas plazas, adelantan las autoridades, se eliminarán y sus ocupantes podrían reubicarse en el sector público o en el privado.

Según el ministro del ramo, Raúl Ledesma, el primer ejemplo se verá en la anunciada eliminación de los ministerios coordinadores. Ahí, muestran datos de la Federación de Servidores Públicos, hay cerca de 800 funcionarios.

Actualmente, el Gobierno trabaja en un proceso de evaluación del camino a seguir en las entidades suprimidas. Una de las alternativas es que esos trabajadores pasen a programas que está impulsando el presidente Lenín Moreno. “Algunos servidores irán a ciertas instituciones, dependiendo de sus competencias, y otros, veremos, si se reorientan al sector privado”, detalló el ministro, ayer, en Quito.

El mecanismo en estudio todavía no cuenta con un estimado de ahorro en el gasto corriente (sueldos y salarios) ni con un número de plazas que se suprimirían.

La información necesita, además, una definición de totales. Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), los 480.475 servidores públicos podrían llegar a cerca de 800.000 si se toma en cuenta a empleados de la seguridad social (IESS, Issfa, Isspol), de las empresas públicas, de la banca estatal y de los gobiernos autónomos descentralizados (municipios, prefecturas y juntas parroquiales).

El único dato cierto es que en el Presupuesto General del Estado de 2016, que se prorrogó hasta este año, se contempló un gasto de 8.789 millones de dólares solo para sueldos y salarios. El monto más alto de egresos que tiene el país.

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, ofreció que en menos de un mes estará lista la proforma presupuestaria para lo que queda del año. Adelantó que habría recortes, pero no precisó si la reducción afectaría a los gastos para el pago a burócratas.

Durante un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el ministro Ledesma aclaró que la Ley Reformatoria a las leyes que rigen el sector público, en vigencia desde el 19 de mayo, permite que quienes trabajen en el mismo cargo durante cuatro años, con contrato o nombramiento provisional, puedan acceder a un nombramiento fijo mediante un concurso donde obtengan la calificación establecida. Trabajo tiene 180 días para definir el concurso.

Los empresarios se acercan con propuestas

Hay acuerdos y puntos en común. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, visitó al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, para presentarle sus propuestas para incrementar el empleo en el Ecuador.

El empresario calificó de “señal positiva” la apertura del ministerio. Alabó, además, que el funcionario público haya salido del sector privado porque entiende la dinámica laboral.

Entre las propuestas está, por ejemplo, la aplicación de la “flexseguridad laboral”. La medida incluye contratos a plazo fijo, el pago por horas y la “libertad, seguridad y capacitación” para los trabajadores.

La cámara, que genera 250.000 empleos con sus asociados, espera que haya pragmatismo a la hora de definir políticas que impulsen el trabajo.

Ledesma se mostró abierto a las sugerencias y dijo que llegarían hasta el Consejo Consultivo que tratará temas laborales y tributarios. El órgano se conformará hasta la próxima semana y sus primeras resoluciones llegarían en unos 60 días.