Unos 5.000 transportistas, choferes y propietarios de unidades de las siete modalidades de transporte en Cuenca, se tomaron las calles céntricas de la urbe este miércoles 7 de febrero.

Ellos reclaman y rechazan el anuncio de la imposición de peajes, por parte del Gobierno Provincial del Azuay. Piden además que la Municipalidad de Cuenca a través de su departamento de Movilidad, ejecute un mayor control al transporte pirata. Con carteles alusivos a su petitorio recorren las vías del casco histórico al grito de “choferes unidos jamás serán vencidos” y advirtiendo que, si no son atendidos en sus pedidos, paralizarán el servicio.

Otras de las exigencias del gremio es que se prohiba la constitución de nuevas empresas de transporte, seguridad para los choferes, y no se aprueba la obligatoriedad de las revisiones técnicas vehiculares de dos veces al año, como ha dispuesto del Consejo Nacional de Tránsito para el servicio de transporte público.

Según Bolívar Sucuzhañay, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay (UCTTA), que agrupa a 2.200 socios, de 65 cooperativas, la urbe no admite nuevos taxis, y no permitirá la creación de más cooperativas. Los taxistas piden además la aplicación de una tarifa especial para los días festivos y fin de semana, considerando que se trata de un trabajo y no un servicio público.

En la medida participa también la Asociación del Frente Unido de Taxistas (AFUT), que acoge unos 1.200 taxis en 32 operadoras, además de la Cámara de Transporte de Cuenca, que agrupa a los 475 buses urbanos, la Federación de Transporte Escolar e Institucional (FETEIA), la Unión de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Azuay (UCTIPA), y de camionetas del servicio mixto.

De su lado el secretario del Sindicato de Choferes Profesionales del Azuay, Mesías Vicuña, aduce que no están de acuerdo con la ordenanza que regula el procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes de transporte terrestre en el cantón Cuenca, que trata el Concejo Cantonal de Cuenca.

También rechaza lo que considera una falta de socialización del proyecto de Ordenanza que norma el Sistema de Revisión Técnica Vehicular y su Control en Fuentes Móviles, así como el monitoreo de la calidad del aire.