La organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI) advirtió una posible infiltración del crimen organizado en el sistema judicial de Ecuador, al referirse a pronunciamientos cuestionables por parte de determinados jueces en favor de actores criminales.

Así lo señaló el organismo en su reciente informe anual del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024, donde Ecuador cayó dos puntos respecto al año anterior y figura en la mitad inferior de un total de 180 países analizados.

Transparencia Internacional recordó en su informe que "Ecuador atraviesa una grave crisis de violencia y deterioro de la confianza en las instituciones públicas".

"En un contexto de falta de transparencia, rendición de cuentas e integridad, los pronunciamientos cuestionables por parte de determinados jueces a favor de actores criminales sugieren una posible infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial", sostuvo la organización.

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Esto quedó plasmado en el denominado caso 'Metástasis', una presunta trama de corrupción judicial, policial y carcelaria descubierta por la Fiscalía al investigar las conversaciones registradas en los teléfonos del presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro Norero, asesinado el año pasado en prisión.

En ellas se evidenció un presunto entramado de favores judiciales y de otras instituciones a cambio de presuntamente sobornos por parte de Norero y su entorno, lo que conllevó la mayor operación anticorrupción en Ecuador con cerca de 40 detenidos, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ahora en prisión preventiva.

Desde el Gobierno también se ha buscado señalar en los últimos meses a jueces por decisiones que han favorecido a peligrosos criminales, algunos de ellos puestos en libertad pocos después de haber sido detenidos por la Policía.

Los señalamientos a los jueces comenzaron con el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) y su ahora sucesor, Daniel Noboa, que asumió el cargo en noviembre pasado, anticipó que seguirá una práctica similar.

Desde inicios de enero, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno" y pasó a denominar a las bandas criminales como grupos terroristas, tras una oleada de atentados y violencia atribuida a estas bandas que incluyó la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado y motines en cárceles con unos 200 rehenes que lograron ser liberados.

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