Transparencia debe continuar

El actual proceso sociopolítico que vive el país, especialmente el referido al problema ético por el peso que tienen los hechos de corrupción, se ha vuelto decisivo y determinante. Lo es porque abarca una gran diversidad de decisiones y acciones que implican mal uso de los recursos de la nación. Su peso y magnitud es tal que está logrando desplazar otra de las graves situaciones del Ecuador: la crisis económica, fiscal, presupuestaria, de endeudamiento, etc. Por eso parece que el país está dispuesto a concentrarse en la necesidad de conocer a fondo cuáles son las causas, motivaciones, factores, responsables y culpables, directos e indirectos, de estos continuos escándalos, negociados y hechos de corrupción que se han dado en los últimos años en el Ecuador republicano y democrático.

Por una década, con astucia jurídica, un aparato de propaganda muy afinado y de agresividad cotidiana, el anterior gobierno se promocionó muy bien y vendió la idea de que los ingentes recursos económicos que había recibido, se invirtieron adecuada y honradamente. Incluso trajo a un investigador norteamericano que dijo que el país se había convertido en un “jaguar” de la economía (en analogía a los llamados tigres asiáticos).

Sin embargo, desde que subió el actual gobierno se han destapado continuamente hechos de corrupción. Se ha ido descubriendo que los grandes contratos, megaobras, inversiones, ventas anticipadas de petróleo, endeudamiento agresivo, repotenciación, carreteras, hospitales, etc., evidencian hilos ocultos que muestran aspectos turbios de su manejo. Estos actos riñen con la ética y con el honrado y eficiente manejo de los recursos del Estado.

El actual gobierno no ha continuado por esa línea. Ha mostrado posiciones y acciones que lo distancian de su antecesor. Un punto muy destacable fue el de señalar que desea transparentar todos los hechos de corrupción que se han dado. Y ha invitado a que la prensa y la ciudadanía los denuncien.

Lo más importante es haber tomado posición firme para que las investigaciones sobre estos hechos no tengan presión gubernamental, pero que cada uno de ellos sea transparentado. Esto es bueno para la democracia y la reconstitución ética de la política. Por eso este accionar positivo debe continuar para bien del país. Así lo demanda la ciudadanía.