Pamela Vera Concha

verac@granasa.com.ec Guayaquil

En cuatro años, la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (STPAHI) ha logrado la apertura de 70 procesos, por la presunta usurpación de tierras a escala nacional.

De esa cifra, 120 personas han sido procesadas, lo que ha derivado en veinte sentencias por el presunto delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, sancionado de cinco a siete años de cárcel.

En el transcurso de 2016, la STPAHI en coordinación con la Fiscalía y la Policía Nacional han detenido a siete personas inmersas en presunto tráfico de tierras. Cinco de ellas fueron apresadas entre el 8 y 18 de octubre, en zonas marginales de Guayaquil.

El primer caso se produjo en el sector conocido como Cañaveral, cerca al colegio réplica Simón Bolívar, donde se procedió a la detención de cuatro personas. La aprehensión ocurrió cuando -aparentemente- rozaban y colocaban estacas en un predio, “lo que daría a entender que estarían subdividiendo o parcelando de manera ilegal un lote (en un área de 0.37 hectáreas de terreno)...”, informó -ayer- César Abad, secretario técnico de la STPAHI.

Según el funcionario, dentro del inmueble se encontró un portafolio el cual contenía varios documentos, recibos de pagos por cantidades de 200, 300 dólares, que haría entender la conformación de una asociación agrícola.

“Son predios privados, entendemos que se encuentra en algún tipo de litigio entre el dueño del inmueble y estas personas. Sin embargo, esto no los faculta a fraccionar y vender el lote...”, señala Abad.

Tres de los cuatro detenidos recibió prisión preventiva, mientras que el cuarto medidas sustitutivas.

Igual ocurrió con una quinta persona que fue detenida al mediodía del martes, en las afueras de la parroquia rural de Tenguel. El hombre, según Abad, fue apresado en cumplimiento a una orden judicial dentro de un proceso penal que inició hace un año, en contra de cinco sospechosos.

La investigación se derivó tras la denuncia que presentó la STPAHI en conjunto con 30 ciudadanos, por la presunta estafa que habrían sufrido en la compraventa de lotes en el sector conocido como Nuevo Tenguel, bajo la figura de asociación. “Estas personas cobraban y mostraban un plano fraccionado más documentos que se tramitaban en el Ministerio de Agricultura, propietaria de esos terrenos”, señala Abad.

Los procesados vendían los lotes en alrededor de 3.000 dólares, en una extensión de 16 hectáreas de terreno, perjudicando a unas 300 familias que se asentaron desde 2010 a 2013. La afectación total sería de 900 mil dólares.

La denuncia no solo fue en contra de los sospechosos, sino de la asociación, que también está siendo procesada como persona jurídica. En caso de ser sancionada, sería con la disolución y el pago de una multa de 200 a 300 salarios básicos.

El representante de la STPAHI señala que están haciendo las gestiones para que esas tierras sean transferidas a la Empresa Pública de Vivienda y llegar a una próxima regularización de las mismas.

“No vamos a permitir que haya ni una sola construcción nueva, sino beneficiar a estas personas que han sido estafadas”, recalcó Abad.