El descuento de un día de sueldo causa molestias. Los trabajadores dicen que la disposición viola sus derechos constitucionales. A los empresarios no les gusta, pero acatarán la ley.

Esa medida se incluyó en la Ley de Solidaridad con los afectados por el terremoto del 16 de abril, aprobada por la Asamblea el 12 de mayo. Desde junio, quienes perciban más de 1.000 dólares mensuales aportarán el 3,33 % de su sueldo. El número de pagos se incrementa de acuerdo con el salario: así quien reciba más de 20.000 dólares contribuirá durante ocho meses.

A pesar de los ‘desaires’ de la Corte Constitucional, los trabajadores intentarán otra demanda de inconstitucionalidad.

El Parlamento Laboral Ecuatoriano y el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) tienen los mismos reparos.

Jaime Arciniegas, presidente de turno del Parlamento, dijo a EXPRESO, que la norma viola la disposición constitucional que determina que el pago de las remuneraciones “no podrá ser disminuido, ni descontado”. Según él, solo por autorización expresa del trabajador se puede establecer su variación o descuento.

Y cree que la medida es discriminatoria: afecta solo al segmento que gana de 1.000 dólares en adelante. “Si la medida es obligatoria ya no es solidaria” sostuvo.

Mañana, este sindicato, contrario al Gobierno, presentará su demanda ante la Corte.

El FUT no fija todavía la fecha para entregar la acción de inconstitucionalidad. Mañana, a las 11:00, se reunirá el colectivo de Dirección Nacional Unitaria para decidir. Así lo adelantó a este medio Pablo Serrano, presidente de la organización.

Los dos dirigentes de los trabajadores también coinciden en que la elevación del IVA (del 12 % al 14 %) es una medida inflacionaria. “Si se sube dos puntos al IVA, subirá el precio de todas las cosas. Eso agudizará la crisis económica que viven los ecuatorianos”, dijo Serrano.

A sus ojos, esta medida se suma al 45 % de incremento por los aranceles. El “golpe” a los ecuatorianos es del 59 %, dijo.

Las dos organizaciones han presentado, al menos, tres demandas ante la Corte. Según los dirigentes, las acciones permanecen “archivadas”.

Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, dijo ayer a EXPRESO que, por el momento no se ha previsto tomar alguna acción en los términos planteados por los trabajadores. “Las empresas tienen que acatar la ley”, concluyó.