Fernardo Muñoz Benítez, juez del Tribunal Contencioso Electoral, declaró al excontralor Pablo Celi responsable de la infracción electoral grave y ordenó la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años y el pago de 20.000 dólares que deberán ser depositados en el Consejo Nacional Electoral.

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El caso comenzó con la denuncia, en 2020, de Vanessa Lorena Freire Vergara, entonces presidenta de la organización política Fuerza Compromiso Social, que fue inscrita en 2016 por Iván Espinel, sentenciado por corrupción y que hoy se denomina Revolución Ciudadana.

La infracción que, según el juez, cometió Celi está contenida en el artículo 279, numeral 7 del Código de la Democracia relativa a la interferencia en el ejercicio de las funciones de los órganos que integran la Función Electoral.

“Dentro de la causa se demostró que, mediante un informe vinculante de Contraloría se dispuso al Consejo Nacional Electoral que revoque las resoluciones que reconocen personalidad jurídica a varios movimientos políticos de alcance nacional, lo que ha sido valorado como una interferencia directa al ejercicio de las competencias que por mandato constitucional y legal, le corresponden de manera privativa al Consejo Nacional Electoral; en consecuencia, declara la responsabilidad de la autoridad que tomó la decisión”, argumentó el juez.

En 2019, la Contraloría hizo un examen especial a los sistemas informáticos y de registro de Fuerza Compromiso Social y determinó que no cumplía con los requisitos sobre el registro de partidos, pues entre sus adherentes tenía personas fallecidas, menores de 2016 años, cédulas falsas, etc.

En esta causa la política Luisa González Alcívar, del movimiento Revolución Ciudadana, pidió comparecer, pero al no haber justificado, el juez desestimó su solicitud, lo que sí le concedió fue las compas del proceso.

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