Entre el miércoles y jueves de la próxima semana posiblemente se retome el juicio para 15 personas sospechosas de presunto peculado en el caso de la adjudicación del campo petrolero Singue.

Los sospechosos del presunto delito son el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, de Recursos no Renovables Wilson Pástor, su hija Silvana, entre otros.

La audiencia se suspendió la noche del miércoles cuando los abogados de Silvana Pástor, la última procesada en presentar sus pruebas, ejercía la defensa.

Por la rapidez con la que se había desarrollado el juzgamiento que incluyó jornadas que se extendieron hasta la noche durante ocho días, los defensores esperaban que ayer jueves concluya la diligencia iniciada el 12 de octubre.

Paúl Ocaña, uno de los abogados del caso, dijo que hubo una ‘rapidez impresionante’. Por eso a él le “llama la atención esa desaceleración que existió en el proceso”. Él entiende que los miembros del tribunal presidido por el juez Iván León tenían audiencias programadas para ayer y hoy y el lunes en cambio uno de los defensores no podía concurrir a una reinstalación del juicio.

Ocaña cree que el proceso ha caminado normalmente “pero sí llama la atención la prueba de la Fiscalía que no tiene la fuerza necesaria para quebrantar el principio de inocencia de las partes”, destaca.

El abogado reitera que algunos de los testigos y peritos que se han presentado ante el tribunal han asegurado que no existiría perjuicio contra el Estado en el caso Singue.

El miércoles por la noche, tras la suspensión de la diligencia Juan Pablo Albán, uno de los abogados de Silvana Pástor se quejó en su cuenta de Twitter por la decisión del tribunal.

“Luego de todo el apuro de estos 8 días de audiencia de juicio en Caso Singue, faltando solo dos testigos y unos documentos para concluir la práctica de la prueba, el tribunal de la Corte Nacional suspende la audiencia sin fecha determinada de reinstalación”.

Albán dijo a EXPRESO que faltaba solo una hora de práctica de prueba con dos testigos puntuales. Por eso, la resolución del tribunal le parece muy extraña.

Pablo Encalada defiende a cuatro procesados. Dice que la decisión de los jueces dejó asustados a los abogados porque “la audiencia venía bien, de corrido, y de pronto, un poco antes que termine la prueba del último defensor, se suspende hasta próximo aviso”.

Reconoce que los jueces tenían planificadas audiencias para jueves y viernes y él se opuso que la diligencia se dé el lunes. “En principio, nada anormal. Pero genera temor, por las presiones a las que estamos habituados”, puntualiza.

En 2017 la Fiscalía abrió un expediente tras acoger un informe de la Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal. El organismo de control hizo un examen especial al contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el campo Singue, ubicado en Sucumbíos.

En el informe se revelaron posibles irregularidades en la negociación y firma de convenios. Se determinó que el perjuicio para el Estado era de aproximadamente 5,2 millones de dólares. Pero, pericias impulsadas por la Fiscalía, apuntaron a que con la adjudicación del contrato al consorcio DGC se provocó un perjuicio al Estado de alrededor de 28,4 millones de dólares.

En el juicio el fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó peritos, testigos y pruebas documentales para evidenciar la existencia del presunto ilícito atribuido a los 15 sospechosos. Actas, memorandos, informes, peritajes, acuerdos, roles de pago, son, entre otras, las pruebas adjuntadas.

Pruebas

La cifra. 8 días de juicio se cumplieron hasta el jueves, en jornadas que se extendieron hasta la noche.