La jueza Luz María Ortíz tenía previsto anunciar este viernes 3 de febrero su resolución en el caso de posible asesinato de tres uniformados ocurrido el 30 de septiembre de 2010 tras la revuelta policial que rechazaba la ley de servicio público aprobada por la mayoría correísta. La diligencia debía instalarse mediante la plataforma Zoom.

En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio se iba a anunciar si es que nueve militares en servicio pasivo y activo son llamados a juicio por el asesinato del policía Froilán Jiménez y de los militares Jacinto Cortez y Darwin Panchi. Según la Fiscalía, el delito habría sido cometido bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos.

Procesados y sus defensores se conectaron a la diligencia. Quienes no aparecían eran la jueza Ortiz y el secretario. Eso motivó el rechazo de las partes procesales. Washington Andrade comentó que esperaban que el secretario diga algo. En ese momento ya entre los abogados circuló la novedad de que la jueza iba a  diferir la diligencia por los escritos presentados. 

Uno de ellos lo presentó María Teresa Torres. Víctor Velástegui reconoció que también solicitó diferimiento y agregó que la jueza fue recusada y citada con ese juicio y por lo tanto perdió la competencia del caso. Jaime Endara se sumó en señalar que también pidió se difiera la diligencia.

Para cerrar la serie de comentarios estuvo el secretario de la jueza quien indicó que "la jueza por varios escritos difiere la audiencia".

En el sistema Satje de la Función Judicial la única recusación presentada en contra de la jueza aparece como archivada debido a que quien la presentó no completó la demanda en los cinco días dispuestos. "Se archiva la presente petición por no haber dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el auto anterior, dejando a salvo el derecho del/la peticionario/a de volver a presentar su petición", señala la providencia.

Los procesados son oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo y activo que participaron en la operación Rescate que se empleó para la evacuación del expresidente prófugo, Rafael Correa del hospital de la Policía en donde se atrincheró el día de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. 

El delito se sanciona con entre 22 y 26 años de cárcel. Entre otros procesados están Luis Castro, Hegel Peñaherrera, Jorge Peña y otros integrantes del grupo de Fuerzas Especiales que participó en los hechos. La Fiscalía investigó y procesó a los sospechosos amparada en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con entre 22 y 26 años de cárcel a la persona que mate a otra.