El sigilo de la informacion, a criterio de los funcionarios

El concepto de “secreto” está en entredicho. A los familiares de los tres trabajadores de El Comercio, secuestrados y asesinados en la frontera norte, no les quita el ‘mal sabor’ que les dejó la información que recibieron por parte de las autoridades bajo la etiqueta de “desclasificada”.

Cronologías, sentidos pésames, notas de solidaridad de países amigos, fotografías de las cédulas de identidad y de la camioneta en la que se movilizaban Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, son parte de los documentos que estaban bajo la custodia de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, ratificó la noche del jueves sus cuestionamientos a lo que las autoridades de seguridad catalogan como secreto.

“Si el presidente Lenín Moreno nos dice que el Consejo de Seguridad Nacional ha liberado información y nos entregan documentos que en un 80 % no sirven de nada nos quedan incógnitas: ¿se quiere ocultar algo? o ¿realmente esto corresponde a la realidad? Es decir, como no se hizo nada, no hay documentos que se puedan exigir”, dijo.

Desde 2010, con la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, el país cuenta con las directrices para declarar la reserva de la información. Estas se encuentran especificadas en el reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

Ahí, por ejemplo, se determinan tres niveles de clasificación de la información considerada sensible: reservado, secreto y secretísimo. En términos generales, se ubica dentro de estas categorías a la información que podría amenazar al Sistema Nacional de Inteligencia, a las instituciones y funcionarios del Estado y en casos extremos, “en peligro excepcionalmente grave a la seguridad integral del Estado”.

Sin embargo, la potestad de ubicar la información dentro de alguna de las tres categorías la normativa deja a criterio de la máxima autoridad de cada dependencia, luego de una investigación sobre el caso y con la presentación de una resolución motivada.

La información reservada sobre el secuestro y posterior asesinato de Ortega, Rivas y Segarra se abrió, el miércoles pasado, ante el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) que formó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Fue lamentable abrir ante un organismo internacional esos sobres con información que no aporta absolutamente nada”, dijo Rivas.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Édison Lanza, respaldó el reclamo de los familiares y lo trasladó a la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, en un encuentro que mantuvieron, el jueves en la tarde.

“Hay que reconocer que el tema es complejo y hay muchos más organismos involucrados en este episodio. Entonces, respecto a la información habrá que ir pidiendo información específica adicional a cada una de estas instancias”, señaló Lanza.

Las autoridades reconocieron que gran parte de la información no fue entregada a los familiares porque ya forman parte del expediente fiscal con el que se investiga el caso, por lo tanto, se encuentra bajo reserva de indagación.

Sin embargo, el compromiso de Alvarado es que los familiares puedan acceder a esta información que está en manos de la Fiscalía, así como los integrantes del ESE de la CIDH que extenderán su trabajo hasta diciembre próximo, antes de entregar un informe final sobre la muerte de los tres trabajadores de la comunicación.