Los servicios judiciales se cobraran desde junio

Nuevo sistema. La justicia ecuatoriana pasará de los papeles a la oralidad. El día cero será el próximo lunes, cuando entre en vigencia el Código Orgánico General de Procesos (Cogep).

La máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, anunció que “todo está listo para ese cambio”, durante su comparecencia a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

Pero, advirtió que el Código no se aplicará todavía en Manabí, sino después de seis meses porque las instalaciones están afectadas por el terremoto del 16 de abril.

El Consejo capacitó a 1.225 jueces que prestarán el servicio en materias no penales. También se han preparado 938 salas para audiencias procesales que tienen sistemas de grabación. “Por cada 10 jueces habrá dos salas”, contó.

Además, dijo, los jueces tienen firma electrónica para las notificaciones en los casilleros electrónicos. Los casilleros físicos serán eliminados en enero de 2017.

El titular del Consejo de la Judicatura, además, habló sobre el paso atrás que dio el Gobierno en su intento por cobrar los costos de la administración de justicia. “Se han derogado las tasas para el sistema procesal. Proponemos una discusión nacional sobre el tema”, dijo.

Eso ocurrió gracias a la presión de abogados y ciudadanos que están en contra de pagar por el servicio de justicia.

Para el legislador del Partido Social Cristiano-Movimiento Cambio, Luis Fernando Torres, lo más importante es la modificación al sistema de administración de justicia. “El régimen rectificó su parecer sobre las costas judiciales que incorporarían los costos administrativos. La tasa de acceso judicial no hay, se puede presentar una demanda sin pagar. La tasa de servicio debe pagar el litigante por ciertas facilidades”, señaló.

Por ejemplo, permitir que una de las partes use el sistema de vídeo para un testigo. Ese valor tendría que pagar el que solicita. “Jalkh propuso que cuando se condene a la parte que actuó de mala fe, se incluya esas costas a ellos”, subrayó.

Sin embargo, eso “es peligroso porque el juez tiene mucha discrecionalidad para condenar en costas a una parte, bajo supuesto que ha litigado en mala fe o manera indebida”.

No conviene sustituir pagos por servicios administrativos por las costas judiciales, dijo.