Sentencias espurias

Como en gobiernos dictatoriales que forjan apariencia democrática, la Corte Constitucional del Ecuador emite fallos espurios que atentan contra el sentido común, la Constitución y la familia, invocando la cautela de derechos humanos.

Los padres se horrorizan al leer una resolución emitida después de 7 años de presentada la acción, en 36 páginas y 127 numerales, tratando de justificar lo injustificable, y asimilando la vinculación natural de padre e hijo a una relación laboral, para mantener un equilibrio de derechos concluye que: “La autoridad tuitiva de los padres, madres o de cualquier persona encargada del cuidado de niñas, niños y adolescentes, cesa el momento en el que el ejercicio de la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales de su interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten, y su calidad de sujetos de derechos, activando la intervención del Estado como un ‘salvador externo’ que imponga medidas que operen a favor del efectivo ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes” (núm. 123). Entre otros horrores.

Si los menores son inimputables de contravenciones y delitos, como robo, asesinato y violación, porque su madurez emocional y psicológica no se encuentra desarrollada para tomar decisiones libres y responsables, no se puede reconocer libertad para el uso y abuso de su cuerpo a nombre de su derecho sexual y reproductivo, o del interés superior del menor.

El Cpccs (T), estudiando este y otros casos, como dotar a una menor de papá y mamá mujeres, permitir la inscripción de un ilegal matrimonio entre personas del mismo sexo, debe evaluar a la Corte Constitucional y destituir o cesar a sus miembros para evitar estos atentados contra la familia y la sociedad, amparados en un mal entendido y peor aplicado constitucionalismo moderno, que hace de nuestro país un “Estado de derechos, sin derecho”.