La Senain gasta millones en espiar ciudadanos

No hay transcripciones de conversaciones telefónicas privadas; ni captura de pantallas de mensajería; ni hackeos de cuentas electrónicas... Los documentos reservados de la Senain que esta semana circularon públicamente no contienen ninguna revelación espectacular en ese sentido. Son, simplemente, papeleo burocrático: órdenes de búsqueda de información, monitoreos, informes de seguimiento, organigramas y esquemas de análisis...

Estos documentos no son importantes porque descubran algo nuevo sino porque confirman lo que era un secreto a voces: que la Senain, creada por el correísmo, organizó una policía de inteligencia política costeada con fondos públicos para mantener bajo vigilancia a los partidos de oposición y a los movimientos sociales críticos con el Gobierno; que la información obtenida por ese sistema de inteligencia fue usada por el partido de Gobierno para afinar sus estrategias electorales, influir sobre la población y trazar políticas parlamentarias. Todo esto que Rommy Vallejo ha negado cuantas veces ha podido, hoy es una verdad documentada.

No hay pinchazos ni hackeos, pero sí hay evidencia de que se pinchó y se hackeó cuentas y teléfonos privados. En una lista de compras de equipos de alta tecnología para el reforzamiento de las operaciones de inteligencia, el rubro más repetido es el de los aparatos para la interceptación telefónica. Cada subsistema del aparato de inteligencia (incluyendo inteligencia militar y seguridad presidencial) tiene los suyos. La Senain dispone además de 1,8 millones en paquetes informáticos que “permiten tomar control de dispositivos fijos y móviles para la obtención de información de personas de interés operativo”. Más claro: hackeo. En otras palabras: espionaje. Lo que Rommy Vallejo dice que no se hace.

Esta información está contenida en el que quizá sea el documento más relevante de cuantos aparecen entre los papeles de la Senain: un registro de gastos especiales del año 2013, cuando el organismo equipó su sede de Lumbisí, en el sector de Cumbayá, cerca de Quito.

Los gastos reservados no están sujetos a los protocolos normales de fiscalización y auditoría de las cuentas del Estado. El contralor puede revisarlas, pero sus informes son secretos. Carlos Pólit lo hizo, en 2015, en respuesta a un pedido de la asambleísta socialcristiana Cristina Reyes. Si encontró algo, se lo calló. Lo único que ha confirmado Contraloría con respecto a los gastos de la Senain es que su casa en Lumbisí costó 3,3 millones. Una cifra ridícula comparada con lo que se gastó en construcciones, adecuaciones, equipamiento, compra de terrenos adicionales y más rubros invertidos para poner esa sede en marcha.

Es posible que la casa costara 3,3 millones. Pero el proyecto de inversión pública titulado “Construcción e implementación del Centro Nacional de Inteligencia”, puesto en marcha en 2012, contempla otros gastos: 8,7 millones en infraestructura operativa y administrativa; 8,3 millones en infraestructura para capacitación y entrenamiento; 1,4 millones en terrenos... En la versión inicial de este proyecto, es decir, en su borrador, el gasto total ascendía a 12,7 millones. En el documento definitivo esa cifra ascendió a 19,3 millones.

A eso hay que sumar el costo de otros proyectos. Para “Fortalecimiento del sistema nacional de inteligencia”: 6,64 millones. Para “Fortalecimiento de las infraestructuras tecnológicas y comunicaciones seguras para la gestión de inteligencia”: 4,6 millones. Esta última cifra se multiplicó por diez tan solo entre enero y octubre de 2013. El costo de los equipos de espionaje de última generación adquiridos por la Senain en ese período es exorbitante.

Equipos de interceptación celular para uso de inteligencia militar (dependiente de la Senain): 3,5 millones; plataforma tecnológica para rastrear y analizar información en las redes sociales: 3,5 millones; plataforma tecnológica para el monitoreo de actores relacionados con el caso Chevron: 4,8 millones; proyecto para la interceptación de llamadas telefónicas (otro): 5,8 millones; sistema de monitoreo para la interceptación celular (otro más): 5,6 millones; equipos de ciberdefensa: 1,8 millones... Entre estos y otros rubros suman un gran total de 44,4 millones de dólares. Los ingresos que financian estas inversiones son, como lo admiten los propios documentos, de origen fiscal. Es decir: impuestos que los ecuatorianos pagan al Estado con el fin de que el Estado los espíe.

Elecciones 2013

CREO, el movimiento Avanza, SUMA, Pachakutik, Partido Socialcristiano... Todos estuvieron en la mira de la Senain en tiempos de elecciones. Los informes de ese organismo dan cuenta de reuniones, posibles pactos, estrategias, nombres de candidatos... Y concluyen haciendo recomendaciones a la dirigencia de Alianza PAIS y a las autoridades civiles del Gobierno. Es un caso de privatización de un organismo público.

Los Yasunidos

Luego de que el presidente Rafael Correa anunció el fin de la iniciativa Yasuní, el caso se volvió prioritario para la inteligencia política del Estado. El proceso de recolección de firmas para una consulta popular, organizado por el colectivo yasunidos, fue seguido de cerca por los espías. Cuando Rommy Vallejo asumió la Secretaría de Inteligencia, el cerco se estrechó. Esa intervención ¿influyó de alguna manera en los resultados?

En la asamblea

Cualquier asambleísta los reconoce en cuanto los ve: son agentes de civil sacando fotos, escuchando, jugando al gato y al ratón en la sede legislativa. Los papeles de la Senain confirman que el sistema de inteligencia del Estado montó una división especializada en el seguimiento político de las bancadas de la oposición, influyó en la aprobación y la aceptación de leyes controvertidas propuestas por el Gobierno y mantuvo a todos bajo estricta vigilancia.

Los tóxicos

Los organismos no gubernamentales que mantenían posiciones críticas frente a políticas específicas del Gobierno, como la minería, fueron catalogados por la Senain como “Fundaciones tóxicas”. Los informes recomiendan la expulsión del país de algunos extranjeros y activistas internacionales relacionados con esos organismos. Y condujeron al allanamiento y cierre de la fundación Pachamama.

Espionaje a Moreno: ¿quién da cuentas?

Sobre la cámara de vigilancia que estaba oculta en el despacho de Lenín Moreno sin que él lo supiera, el secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo, ha responsabilizado al cuerpo de seguridad presidencial que es, dice él, autónomo.

Falso: según la Ley de Seguridad Pública y del Estado y el propio decreto constitutivo de la Senain, los equipos de inteligencia militar, policía judicial, seguridad presidencial y otros rinden cuentas directamente al secretario de Inteligencia, son coordinados por su despacho y siguen sus políticas. El secretario, de su parte, informa directamente al presidente. Solo que esta vez no lo hizo.