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La selección del superintendente de Ordenamiento Territorial sufre demoras

El Ejecutivo envió una nueva terna, luego de que el Consejo de Participación le devolviera la primera

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El pleno del Consejo de Participación devolvió la terna al Ejecutivo a mediados de junio.Captura de la sesión.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció este 8 de julio de 2020 la nueva terna para la selección del superintendente de Ordenamiento Territorial, enviada por el presidente Lenín Moreno.

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Esta es la segunda propuesta que hace el Ejecutivo para llenar el cargo que está vacante desde agosto de 2018, cuando el Consejo de Participación transitorio cesó a Fernando Cordero. Desde entonces, ha tenido superintendente encargado.

La nueva terna está integrada por la geógrafa manabita, Isabel Jácome Loor; el experto quiteño en ordenamiento territorial, Ramiro Iglesias Paladines; y la ingeniera Civil Pamela Santillán Morocho, oriunda de Riobamba. Todos tienen experiencia en la función pública.

El 15 de junio pasado, el pleno del CPCCS resolvió devolver la terna enviada por Moreno desde el año pasado, luego de que la Comisión Técnica que lleva adelante el proceso encontrara que dos de los tres candidatos propuestos no cumplían con los requisitos, en lo referente a las declaraciones juramentadas.

La nueva lista con la propuesta de Moreno llegó al Consejo de Participación el 26 de junio pasado y ya fue remitida a la Comisión calificadora para que proceda con la verificación de los requisitos e inhabilidades de los postulantes.

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A inicios de año, el consejero de Participación, Francisco Bravo, le dijo a EXPRESO que la designación de superintendente de Ordenamiento Territorial podría estar lista a mediados de marzo. Sin embargo, el proceso volvió a iniciar prácticamente de cero.

A la par, el CPCCS lleva adelante el concurso para designar Defensor Público, proceso que por el momento ya cuenta con un reglamento, aunque fue aprobado en medio del reclamo de la consejera María Fernanda Rivadeneira.

Para esta selección el Consejo de Participación Ciudadana pidió al Ministerio de Finanzas un presupuesto de $ 144.000, recursos que la cartera de Estado no estaría dispuesta a proporcionar, menos aún si todavía no se ha hecho una reducción de personal en dicha institución.