Al menos seis funcionarios murieron ayer en Bolivia luego de que un grupo de manifestantes ocupara e incendiara la planta baja de la Alcaldía de El Alto, una ciudad vecina de la capital gobernada por la oposición al presidente Evo Morales.

La violenta protesta sucedió mientras los bolivianos se preparan, divididos, para decidir el próximo domingo en un referendo si avalan una reforma constitucional que permitiría al mandatario de izquierda postularse para un tercer término consecutivo.

“Seis funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto perdieron la vida en la violenta toma a las oficinas del municipio que protagonizaron dirigentes de la Federación de Padres de Familia”, informó en un comunicado la Alcaldía, ubicada en el centro-oeste del país andino.

Los manifestantes, padres de familia que protestaban en demanda de obras públicas y mejoras en las escuelas, ingresaron en la mañana al edificio municipal, donde incendiaron muebles y documentos, y luego fueron dispersados con gases lacrimógenos por la policía.

Las víctimas fallecieron de asfixia. Otros 30 funcionarios fueron trasladados con heridas a un hospital. La alcaldesa Soledad Chapetón denunció que detrás de la protesta había dirigentes y grupos afines al Movimiento Al Socialismo, el partido oficialista. Desde el Gobierno, el viceministro de régimen Interior, Marcelo Elío, responsabilizó en cambio a partidos opositores por la tragedia.

“Es un plan orquestado desde dentro de la Alcaldía”, dijo el viceministro a la radio estatal. “Es un plan que se ha urdido desde la derecha de Unidad Nacional y Sol.bo, se ha echado agua hirviendo”, sostuvo.

Mientras, el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Carlos Romero, descartó que la Policía tenga responsabilidades en la muerte de las seis personas durante la turba.

Una encuesta publicada la semana pasada mostró que Morales -actualmente inhabilitado para postularse a los comicios del 2019- ha perdido apoyo y la intención de voto sobre la reforma está equilibrada. EFE