Los impactos del encarcelamiento traspasan los muros de los penales y afectan a los sujetos en libertad. Un estudio elaborado por la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (Rimuf), una red de apoyo compuesta por ocho organizaciones de América Latina, el Caribe y Europa, concluyó que las mujeres experimentan no solo cambios en su salud física y mental sino también en su economía al asumir tareas de cuidado de un pariente que está en prisión. La investigación analizó la situación de 188 mujeres de ocho países, incluido Ecuador.

Según los datos del Gobierno ecuatoriano del último censo de prisiones en 2023, el 93,7 % de las personas encarceladas en el país son hombres. El 54 % de este grupo recibe visitas de sus familiares, siendo las parejas (38 %) y las madres (32 %) las principales visitantes.

En cambio, las visitantes más frecuentes de las mujeres recluidas son sus madres (32 %) y sus hijos (25 %), mientras que solo un 8 % de ellas reciben visitas de sus esposos. En ambos casos, son las mujeres familiares quienes se encargan de las personas privadas de la libertad.

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Ocho de cada diez mujeres encuestadas por la Rimuf mencionaron trabajar, pero el 33 % de ellas indicó que tuvo que encargarse de la economía del hogar a partir del encarcelamiento de su pariente. El 31 % de ellas tuvo que buscar más de una fuente de ingresos y a pesar de esto, el 87 % no logra costear los gastos mensuales para sus familias. El 73 % de las mujeres que participaron en el estudio trabaja realizando tareas domésticas.

Además de que la carga laboral y del trabajo en el hogar incrementa para estas mujeres, el estudio detectó que relegan sus vínculos sociales y afectivos “ya sea como consecuencia de la sobrecarga de actividades o por ser familiares de presos”. Esto último se relaciona con el estigma social que se les impone: siete de cada diez mujeres encuestadas dijo haber sido discriminada por tener un familiar en prisión.

El estudio indica que la economía de los hogares de los presos no solo se enfoca en los gastos cotidianos sino en los trámites judiciales. En el caso del Ecuador, las mujeres también deben pagar las extorsiones provenientes de las bandas criminales que operan en las prisiones.

En su análisis sobre la situación carcelaria en Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya advirtió que los líderes de los grupos de delincuencia organizada “cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios”. Sobre esto, la investigación de la Rimuf señala que “el rol de asistencia o cuidado (encargado a las mujeres) es reforzado por las dinámicas carcelarias que las obligan a ocuparse de la subsistencia de la persona detenida”.

En este escenario, las mujeres con familiares en prisión juegan roles de esposas, madres, psicólogas, principal proveedora y cuidadora. El estudio de la Rimuf señala que “las exigencias de la cárcel son muchas y recaen sobre las mujeres”.

Al ejercer esas tareas no por elección sino como resultado de los actos de sus familiares, “la dedicación que ellas despliegan en el cuidado de otras personas va en detrimento de su propio cuidado”.

Prueba de esto es que, aunque el 82 % de encuestadas reconoció que su salud física empeoró desde el encarcelamiento de su pariente, tan solo el 44 % conoce, por ejemplo, su estado de salud ginecológica. Pese a que el 85 % de mujeres familiares asegura que su salud mental y emocional empeoró, el 38 % no habla con nadie cuando están abrumadas por las actividades de cuidado y provisión.

Pese al agotamiento, los cambios y el deterioro en su salud, la mayoría de las mujeres siguen acudiendo a los penales. El estudio determinó que la mitad de ellas realiza viajes de dos o tres horas hasta las cárceles. Sin ser las sentenciadas, estas mujeres sufren las consecuencias de los delitos ajenos.

El término

• ¿Mujeres familiares?

Esta es la denominación que se les otorga a las mujeres que proveen apoyo económico y emocional a los encarcelados y que al mismo tiempo se encargan del cuidado de los hijos o familiares menores de edad y de las tareas domésticas. Estas mujeres deben equilibrar las responsabilidades diarias con los impactos de la prisión extramuros.

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