Es una promesa retrasada que genera más de 400 millones de dólares en pérdidas. La compra unificada de medicamentos para todos los hospitales y centros de la Red Pública de Salud demora por motivos técnicos, económicos y políticos.

La propuesta es sencilla de decir, pero difícil de ejecutar. El nuevo modelo plantea que un solo cuerpo haga la compra de fármacos para los más de 3.000 centros del Ministerio de Salud y de los institutos Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la Policía Nacional (Isspol) y de las Fuerzas Armadas (Issfa). Una sola compra grande que ahorre tiempo y dinero al Estado. En el escenario más conservador, ese modelo haría que el país gaste menos de 400 millones cada año.

Actualmente, cada entidad hace sus adquisiciones por separado y usa cerca de 1.000 millones de dólares al año. Esa falla se detectó en mayo del año pasado y se ofrecieron correctivos inmediatos que todavía no se concretan.

Lo primero fue firmar el Decreto Ejecutivo 1033 que ordena que se tomen medidas. Desde la autorización del presidente Lenín Moreno hasta la fecha se han producido cambios políticos que retrasan la meta.

En el Ministerio de Salud, por ejemplo, han pasado tres ministros desde el año pasado. Catalina Andramuño, Juan Carlos Zevallos y ahora Rodolfo Farfán pasaron por la Cartera de Estado y cambiaron a los delegados para las tareas de unificación.

No es la única demora. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) admite que fue ambicioso ofrecer pasos en concreto en noviembre del año pasado cuando eran necesarias reformas en más de doce cuerpos legales -normas internas, acuerdos ministeriales y resoluciones-. En eso se ha trabajado desde mayo, pero aún quedan varios pendientes por resolver. (ver cuadro)

Con suerte, asegura la directora general del Sercop, Silvana Vallejo, se tendrá el nuevo modelo de compra operativo en septiembre de este año. Con un nuevo gobierno que bien podría echar abajo todo el concepto de ahorro y beneficio para el Estado.

¿Por qué septiembre? Aún falta contratar a un operador logístico privado que administre bodegas y gestione inventarios de cada hospital. Ese proceso concluirá en mayo y luego se vendrá la implementación del modelo en 15 centros hospitalarios emblemáticos.

Luego viene el pedido del sector privado. Técnicamente, los proveedores saben que tendrán una mayor demanda y no podrán cubrir todos los pedidos de la red. Ellos solicitaron que el nuevo sistema opere solo al 70 % de su capacidad.

Vallejo admite que luego podría surgir un nuevo inconveniente: la red de corrupción que se opone al sistema. Ahora mismo, según denuncias e investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía, se detectan negociados e irregularidades en los departamentos de compras de los centros médicos. Una vez que esos departamentos no tomen las decisiones ni firmen contratos, los beneficiarios de las ilegalidades tratarán de boicotear la compra unificada.

Una forma de proteger el modelo es con la reforma a la Ley de Contratación Pública. Ese documento, sin embargo, también está retrasado en la Asamblea Nacional que dejará funciones en mayo.

Las compras de medicinas

En promedio, todas las entidades que forman parte de la Red Integral de Salud Pública gastan más o menos 400 millones de dólares en medicamentos y otros 400 o 600 millones en dispositivos médicos. A esos gastos se suman los del alquiler de bodegas. Un hospital renta, como ejemplo, 45 bodegas.

La compra de medicamentos sin control provocó, entre otros problemas, que los hospitales del Ministerio de Salud y del IESS se llenen de fármacos caducados y que no llegaron a manos de sus pacientes. También se detectó sobreprecios en los contratos firmados antes de la pandemia.