Ruinas entre la ruina

La decisión de un inspector de Trabajo de congelar las cuentas y bienes de los exaccionistas del extinto Diario Hoy para satisfacer una deuda con los trabajadores de 3,2 millones de dólares, genera varios escenarios de ilegalidad, abuso y conflicto. El más grandilocuente por su incongruencia trasvasa las lindes del sentido común, y conduce el caso desde la arbitrariedad de un funcionario público que, sin sentencia de un juez que lo avale, somete la coherencia al desatino.

Al decir del viceministro de trabajo, José Gálvez Valderrama, en una entrevista publicada por este Diario, “el derecho jurídico de mayor valor es el de los trabajadores”. Ciertamente la ley debe fijar su acento en los eslabones más débiles de la cadena, pero por la misma causa no puede poner en riesgo otros eslabones de igual fragilidad. La inmovilización de cuentas y bienes de los 263 exaccionistas del desaparecido periódico, entre ellos varias empresas, supone un atropellado parón a su actividad productiva y financiera, con consecuencias inmediatas y directas para sus miles de trabajadores.

En este caso la complejidad del lenguaje jurídico no contribuye al entendimiento del problema tanto como la claridad del sentido común: enmendar una ruina tentando más ruinas, la de otros trabajadores cuyos salarios dependen de sus empresas, inmovilizadas de repente en su dinamismo.

La delirante decisión sobre la quiebra del ‘Hoy’ naufraga en lagunas de argumentos inconclusos. No hay razón para cobrar, menos para paralizar, la lícita actividad de exaccionistas minoritarios, insignificantes en la práctica, que nunca participaron en la gestión ni tampoco en los beneficios del malogrado periódico. La consecuencia resulta peligrosa y cruel: el bloqueo por efecto de apenas unos dólares de inversión.

Los tiempos de crisis exigen creatividad y mucho esfuerzo, el mal de muchos no conduce al consuelo de todos. Lavarse las manos con cicaterías abusivas resulta obsceno y de alcances imprevisibles.

El ‘caso Hoy’ deja en el ambiente una pregunta del peor augurio: ¿quedarán ánimos para alentar la inversión como motor frente a la crisis? En el escenario internacional, con la Unión Europea como referente más inmediato, saben bien la respuesta.

“El principio fundamental del Derecho se basa en la legalidad. Atentar contra la seguridad jurídica apareja la indefensión, justo lo contrario a lo que protege el Derecho”.