- ¿Es constitucional o no la convocatoria del presidente Lenín Moreno a consulta popular?

- El presidente ha hecho lo jurídicamente procedente y políticamente adecuado. El artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone que la Corte tiene que emitir el dictamen en el término de 20 días, luego de la cual si la Corte no lo hace el dictamen se entiende favorable. Es decir, la ley crea un efecto jurídico para la inacción de la Corte en el evento que no emita lo establecido en la ley. Ese efecto jurídico es la comprensión de que el dictamen ya existe. Un dictamen que no puede alterar ni modificar nada, porque viene de una presunción legal. Lo que la Corte hará la semana que viene a reunirse y analizar si modifica o no las preguntas, carece de efecto jurídico. El presidente lo que ha hecho es proceder con el sustento que le da la ley, enviando la convocatoria al Consejo Nacional Electoral y entiendo que lo hará al Registro Oficial.

- Para quitar cualquier tipo de dudas sobre el plazo, la ley habla de 20 días términos desde el inicio del control previo. ¿Cuándo inicia el control previo?

- Empezaron a correr desde el 2 de octubre (pasado) que el presidente remitió las preguntas a la Corte Constitucional. La establece término y esto significa que no son los 20 días corridos sino que se descuenta los fines de semana y feriados. Si tiene cuatro fines de semanas son 8 días más 20 son 28 días. El 30 de octubre se cumplió el plazo. Los plazos se cuentan desde las 12 de la noche. El día 1 de noviembre se venció el plazo.

- Una primera declaración del expresidente Rafael Correa califica la decisión del presidente Moreno como un golpe de Estado...

- Yo recuerdo el golpe de Estado en Cuba cuando Fidel Castro entró con sus tropas a La Habana. Eso es un golpe de Estado. No sé de qué habla este señor. Él se inventó esto de los golpes blandos. Está desvariando. El hecho de no estar vinculado a la política le está causando un efecto emocional serio.

- ¿Si bien no es un golpe de Estado, no lo es un golpe a la ya delicada situación institucional que vive el país?

- No, es al revés. En un escenario caótico políticamente con una institucionalidad desbaratada vemos a un presidente que, pese al costo político que pudiera tener tomar una decisión política, lo hace con fundamento en la ley. Es decir, vemos el acatamiento de la norma jurídica en una institucionalidad desvencijada. El comportamiento de la Corte es lo que representaría abonar a la desinstitucionalización, porque si ellos insisten en dictaminar cuando están impedidos de hacerlo serán ellos los que afectarán la institucionalidad.