Responsabilidades

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Responsabilidades

Las últimas semanas han estado marcadas por dos hechos que aunque son muy distintos entre sí, tienen algunos aspectos comunes. El primer caso es el avance de las investigaciones por el supuesto delito de secuestro del exasambleísta Fernando Balda, en el cual las investigaciones han llegado hasta la vinculación del expresidente de la República. El segundo, son las reveladoras declaraciones del perito argentino en el caso Gabela, en las que ratificó la entrega de tres informes, y dio a conocer los nombres de las personas que los recibieron, así como las órdenes impartidas.

Estos dos acontecimientos tienen como punto de encuentro la preocupación de una parte de los ecuatorianos ante el papel que algunos funcionarios del Estado habrían jugado en los hechos denunciados y que de comprobarse, tipificarían delitos penales que se han cometido desde el Estado hacia los ciudadanos.

En el caso de Balda, la calificación del fiscal de un posible “crimen de Estado” y el pedido de la viuda del general Gabela de que el crimen de su esposo también sea calificado como delito de Estado, tiene implicaciones importantes no solo para los posibles involucrados sino para el Ecuador entero.

Más allá de la responsabilidad penal que podría existir, es importante recordar que nuestro ordenamiento jurídico tiene un interesante reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución y en los documentos internacionales de la materia. En ambas normas se consagran el respeto a valores esenciales como la vida y la libertad, imponiéndolos sobre cualquier autoridad, entre ellas jueces y fiscales. Asimismo, es necesario analizar tanto la violación de los derechos individuales, como los delitos que los Estados pueden cometer a través de, por ejemplo, acciones u omisiones de sus funcionarios, recordando que el temor reverencial, esto es el miedo a desagradar a un superior, no libera de responsabilidad a un subalterno.

Ante todo lo que ha sido revelado en estos días, las máximas autoridades nos deben una explicación clara acerca de las órdenes proferidas, de los responsables de los hechos denunciados y los avances de la investigación.