El juez de Yaguachi en Guayas, Jhon Erick Rodríguez Mindiola no respondió este sábado 10 de junio a su teléfono celular. EXPRESO buscaba su pronunciamiento sobre la lluvia de críticas que generó su resolución de restituir los derechos de participación del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos para que pueda participar como candidato en las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto. (LEA TAMBIÉN: "Jorge Glas con luz verde para participar en las elecciones del 20 de agosto") 

Este Diario buscaba su comentario considerando que existe una resolución de la Corte Constitucional que el día anterior abrió la posibilidad del enjuiciamiento de los jueces que incurran en posible prevaricato en sus actuaciones al conocer garantías constitucionales.

El nombre del juez de Yaguachi que antes fue judicial en Samborondón ha estado presente en casi una decena de resoluciones cuestionadas desde el Gobierno del presidente Guillermo Lasso y la propia Judicatura. La mayoría de resoluciones se dieron el año pasado. Su nombre consta en boletas de excarcelaciones de sospechosos de delincuencia organizada o de traslado de delincuentes considerados de alta peligrosidad. 

Eso ocurrió por ejemplo cuando a finales de diciembre de 2022 ordenó que dos reos peligrosidad sean cambiados de la cárcel La Roca de máxima seguridad a la cárcel de Cotopaxi. Ellos fueron responsabilizados por la masacre de 40 reos en Santo Domingo. Por esos días el gobierno reaccionó señalando que esa actuación ponía en riesgo los planes de combate a la delincuencia que impulsaba el Ejecutivo. 

El entonces presidente de la Judicatura Fausto Murillo cuestionó que existan esas actuaciones de jueces porque se ponen del lado de la delincuencia organizada. No fue el único caso. A inicios del mismo mes de diciembre el Sistema de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) denunció que el juez Rodríguez resolvió declarar la ilegalidad de la detención de Alexander Ariel Quezada San Martín, alias Ariel, considerado por la Policía como de los principales cabecillas de la agrupación delincuencial Los Lobos. 

Él dispuso la excarcelación mediante una boleta firmada electrónicamente a la cárcel de Cotopaxi. Pero no solo eso. También concedió una medida cautelar para Raúl González Carrión y le dispuso a la Asamblea que lo posesione como nuevo superintendente de Bancos. De esa decisión, sin embargo, se retractó y pidió la revocatoria de las medidas. 

A esa intervención en un tema político se sumó la que adoptó en el caso del alcalde electo de Portoviejo Javier Pincay. El juez de Yaguachi ordenó suspender la posesión del nuevo alcalde tras conceder las medidas cautelares que solicitó un excandidato que acusó a Pincay de no acudir al debate obligatorio del CNE debido a que se recuperaba del ataque armado que sufrió.

EXPRESO buscó información con el alcalde de Portoviejo y conoció que en el caso de inmediato otro juez manabita dejó si efecto lo resuelto por Rodríguez y se logró posesionar sin problemas el 14 de mayo. Adicionalmente el juez intervino en un habeas corpus preventivo en donde habría cambiado una decisión de juez de Niñez logrando modificar el Régimen de Visitas e "impidiendo de esta forma que la menor se relacione con su padre".

El caso está en conocimiento de la Corte Constitucional por una acción extraordinaria de protección. La audiencia se realizó hace casi un mes y la jueza sustanciadora es Alejandra Cárdenas. En la audiencia la jueza Ivonne Núñez quien salvó su voto en la resolución de la apelación en la Corte de Guayas señaló que no es posible que con un habeas corpus preventivo se cambie el régimen de visitas como ordenó el juez Rodríguez.