Durante los últimos días he leído y escuchado a diversas personas públicas que sostienen que el Proyecto de Ley de Crecimiento Económico de carácter urgente enviado por el Ejecutivo debe archivarse, entre otras cuestiones -de fondo y de forma- por sus inconsistencias técnicas y evidente deficiencia de redacción, así como por tratar diversas materias en un mismo texto, contraviniendo el art. 136 del texto constitucional. Lo cierto es que no todo es malo en el proyecto de ley. Podemos encontrar en la parte final del cuerpo normativo el Capítulo IV Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal de Regularización Tributaria, compuesto por 14 artículos pero que engloba un procedimiento ágil y sin mayores pesquisas, aplicable a residentes fiscales del Ecuador que al 31 de diciembre de 2018 hayan mantenido en el exterior ingresos gravados con Impuesto a la Renta en Ecuador o hayan realizado operaciones monetarias sujetas al impuesto a la salida de divisas no declaradas, con la finalidad de repatriar capitales que se encuentren en el extranjero, creándose para ello un impuesto único que fluctúa entre 1 % y 4 % si se produjera el retorno de los recursos; y de 8% si solo se declaran rentas, activos e inversiones. Se establece en la Disposición General Segunda del Proyecto de Ley Económico respecto a la repatriación de capitales, que “tampoco se iniciarán respecto de estos sujetos -quienes se acojan a este beneficio-, procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento ilícito privado no justificado, ni defraudación tributaria...”. Resulta necesario perfeccionar ese capítulo del cuerpo normativo que se debate actualmente en la Asamblea porque no por querer repuntar la economía nacional se debe posibilitar una especie de “blanqueo de capitales”, generando que posibles infractores de delitos económicos o contra la eficiente administración pública, se apropien de activos e inversiones en Ecuador, a guisa de querer invertir y repatriar capitales.

José L. Hidalgo Fernández