Tras las rejas

La disolución del Ministerio de Justicia, esta misma semana, pone el punto y seguido al fracaso de un modelo de rehabilitación que la administración de los gobiernos correístas impulsó como un nuevo ejemplo de gestión penitenciaria. Al final de este intento, calificado de “histórico” por el expresidente y el entonces ministro José Serrano, solo ha pervivido el cambio a un lenguaje políticamente correcto pero alejado de la realidad. Ahora los presos son personas privadas de libertad (PPL) y las cárceles centros de rehabilitación social (CRS). Lo demás, en palabras de Ernesto Pazmiño, que hasta el lunes ocupaba la extinta cartera de Justicia, fue “un fracaso”. Él tiene ahora el reto de revertir la situación heredada.

La realidad es elocuente. Un hacinamiento de un 40 % en las prisiones. Centros penitenciarios promocionados como espacios de última tecnología con videocámaras, escáner de cuerpo entero, detectores de metales, inhibidores de señal de teléfonos móviles, que en la realidad se reconvirtieron en centros de perfeccionamiento del delito con carencias estruendosas. La cárcel de Guayaquil ni siquiera tiene comedor y los presos reciben su alimentación en tarrinas de plástico. En la de Latacunga el agua llega cuando llega. En Turi se comprobaron torturas por parte de los funcionarios hacia los internos. En todas, la existencia de talleres para la reinserción social de los internos brilla por su ausencia. Y, como colofón de este despropósito, en los últimos años se han registrado más de una veintena de muertes en las cárceles del país, algunas de ellas con armas de fuego. La última reportada ayer en Latacunga. Sí, pese los escáneres, los detectores y las videocámaras hay pistolas en las celdas.

No es cuestión de cargar todas las culpas al régimen anterior. El problema del sistema penitenciario en el Ecuador es histórico. Pero el problema actual es la falta de avance sobre la situación que se arrastra por décadas. La solución no pasa por levantar modernos y costosos muros, dejando dudas sobre los sobreprecios pagados para construirlos, sino por conseguir políticas públicas que eviten acciones violentas o discriminatorias sobre los encarcelados y que realmente busquen reintegrar en la sociedad a muchos de los que viven condenados a estar detrás de las rejas, bastantes sin sentencia firme. Es urgente un modelo de rehabilitación pero con hechos y no solo con palabras.