La seguridad del país aún está en riesgo y depende, entre otros factores, de que se sustituya el Decreto 883. Ese lapso de espera, sin embargo, es un espacio de tensión en el que pueden presentarse otras formas de presión. En este escenario, los dos sectores enfrentados tienen posibilidades diferentes para legitimarse. El Gobierno debe buscar la alternativa para cubrir la inexistencia de recursos que deja aquella derogatoria, brindar las condiciones necesarias para la continuidad de la dinámica económica, y garantizar la paz y la seguridad ciudadanas. El movimiento indígena, por su parte, solo tiene, para responder a su clientela, que mantener la posición de rechazo a cualquier medida oficial que considere negativa para sus intereses. El primero cuenta con una normativa que establece la prohibición del uso de la fuerza y el respeto absoluto a los derechos humanos, y el segundo dispone de un instrumento que rebasa cualquier restricción en ese sentido: su disposición para movilizarse y paralizar el país, y su capacidad para generar un estado de miedo en la población. A esa posibilidad de causar temor por el probable descontento de una decisión gubernamental que pueda ser tomada como perjudicial, ese colectivo suma a su favor una posición, hasta ahora inamovible: la de asegurar que sus dirigentes y militantes nada tuvieron que ver con los atropellos y actos de terrorismo que pusieron en vilo la vida misma del Ecuador en esos once días de zozobra.

Cuando concluyó del domingo 13 en Quito y el presidente de la Conaie leyó la resolución, nos quedó una enorme inquietud: ¿por qué los negociadores del régimen y el mismo Lenín Moreno no exigieron, al menos, que los líderes de los movilizados cumplan con la obligación patriótica y moral de decir quiénes fueron los gestores y ejecutores del atentado a la Contraloría, a la que acudieron con el claro objetivo de desaparecer las pruebas de los saqueos del correísmo? ¿Cómo pueden desconocer la fuente del dinero utilizado para esos execrables actos?

El país exige respuestas.