A ti, a mí, a ella, a él, a nosotros, a ellos, a todos... ahora resulta que los políticos quieren llamarnos sus “administrados”. ¿Pero te consideras tú administrado por el político de turno? ¿Por el funcionario de la ventanilla? ¿Es ese funcionario tu administrador?
En abril de 2017 referí en esta misma columna mi regocijo porque el Código Administrativo, aquella norma que llegó a regular la relación entre los ciudadanos y el Estado, dejaba claro que ese término, “administrado”, no forma parte de nuestro vocabulario legal.
Pero ahora los mismos legisladores vuelven a la carga con la Ley de Optimización de Trámites, al introducir en nuestra legislación el término “administrados” para referirse como regla general a los ciudadanos, a las personas que interactúan con el Estado.
Lo lamentable es que el presidente ya vetó el proyecto y no corrigió este mañoso detalle. Por cómo funciona el trámite legislativo en nuestro país, esto significa que la ley está en la puerta del horno y que, salvo que la misma Asamblea corrija esta vaina (saliéndose de sus procedimientos convencionales), pronto los funcionarios y políticos pretenderán decirnos “administrados”.
Para los fanáticos del derecho administrativo la historia del término “administrado” es conocida. Para los demás basta saber que hace mucho tiempo, hace siglos de hecho, los monarcas y los primeros Estados resaltaban la sumisión de los ciudadanos ante el poder con diversas apelaciones, una de ellas: “administrados”. Pero ya hace mucho tiempo eso cambió y a nadie se le ocurriría que el Estado lo administra a uno.
Las democracias liberales modernas saben y reconocen, tratados internacionales de por medio, que el Estado debe estar sometido al ciudadano.
Ojalá no quieran darle la vuelta a la historia estos señores, con la paradoja adicional de proponer que su entuerto esté en una ley que busca ponerle coto a los tentáculos del Estado mismo.
