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El pulso se lo lleva el Consejo

3 ceses de funciones ha dispuesto el Consejo Transitorio en tres meses de funciones.

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El espacio se ganó con acciones sin precedentes. Tres meses le han bastado al Consejo de Participación Transitorio para hacer lo que no se pudo, o no se quiso, en diez años y dejar por sentada su actual supremacía dentro de la estructura del Estado.

Esto no tiene conformes a muchos. El jueves, una discusión trivial entre el presidente del Consejo, Julio César Trujillo, y el evaluado presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, por la silla que debía ocupar este último, evidenció la puja por las jerarquías entre las funciones del Estado que están en la mira.

Al final, el pulso terminará de lado del Consejo Transitorio que el lunes define la suerte de Jalkh y el resto de consejeros de la Judicatura. Todo apunta a que serán enviados a casa, incluso antes de que progrese el juicio político que se procesa en su contra en la Asamblea Nacional.

Este manto de poder, casi absoluto, ha dividido a los que respaldan cada una de las decisiones que toma y aplica el organismo y quienes consideran que, si bien la consulta popular del 4 de febrero les dio la facultad de evaluar y cesar a los funcionarios nombrados por el anterior Consejo de Participación, se estarían extralimitando.

El primer grupo es mayoritario. Ahí están asambleístas, sindicalistas, empresarios, líderes políticos de oposición y hasta organizaciones internacionales, como Humans Rights Watch, que ven con buenos ojos las decisiones de los siete integrantes del Consejo.

Pero el respaldo más contundente llegó del presidente Lenín Moreno, quien considera que el Consejo ha mostrado total consecuencia con el mandato popular. “Por ello, cualquier intento de limitar su actuación, de condicionarla o de restringir sus facultades y capacidades no solamente es antipopular, sino que puede, incluso, ser interpretado como sospechoso de complicidad”, advirtió.

En la otra orilla, pocos se atreven a ubicarse, aparte de los evaluados, están los seguidores del expresidente Rafael Correa, que defienden a las autoridades designadas en la última década y, desde una visión más técnica y jurídica la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que cuestiona ciertos aspectos de la acción del Consejo.

La semana que viene, al parecer, no variará el vértigo con el que se maneja el organismo transitorio, además de la decisión sobre la Judicatura, resolverán la normativa para la designación de los superintendentes de Economía Popular y Solidaria y Control de Poder del Mercado.

Primer cesado

A menos de una semana de posesionados los consejeros de transición cesaron a Carlos Ochoa de la Superintendencia de Comunicaciones. Fue la primera medida del organismo con base a la destitución ordenada por la Contraloría General del Estado.

Más criticados

El Consejo de la Judicatura fue el más cuestionado por las organizaciones sociales en la fase previa al inicio de la evaluación. Esto quedó confirmado cuando se abrió la etapa formal de entrega de denuncias. Este organismo sumó 704 reclamos.

Inesperado

¿Evaluar o no a la Corte Constitucional? Ese fue el debate jurídico por un tiempo hasta que seis de los siete consejeros transitorios decidieron examinar las actuaciones de este organismo que, hasta entonces, parecía estar blindada frente al escrutinio.

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