El pueblo lo rechaza

El pueblo ecuatoriano en su mayoría rechaza airadamente la peregrina idea de prorrogar la vigilancia especial de la que goza Rafael Correa y su familia en Bruselas, ciudad en la que se encuentra, gracias al Decreto Ejecutivo número 1369 publicado en el Registro Oficial del 3 de mayo de 2017, que fuera dictado por él mismo pocos días antes de dejar la presidencia de la República. Es la primera vez en nuestra accidentada vida política que un mandatario haya dictado un decreto con dedicatoria para sí mismo y para su familia. Esto es inaudito. No tiene nombre. Galo Plaza, Velasco Ibarra, Camilo Ponce, Rodrigo Borja, Oswaldo Hurtado, León Febres-Cordero, Alfredo Palacio y otros presidentes constitucionales, terminaron su mandato y con tranquilidad se retiraron a sus actividades personales y profesionales, recorriendo el país libremente y sin temor alguno. La vigilancia de la que goza Correa atenta contra el principio que dice que “todos somos iguales ante la ley”; además, su “guardia pretoriana” está pagada con dineros del Estado, que es del pueblo. Finalmente, no existe justificación ni legal, ni moral, ni de ninguna naturaleza que respalde este absurdo. El decreto 1369 dice que el plazo de un año podría extenderse o no a través de un informe de riesgo elaborado por el Ministerio Coordinador de Seguridad, cartera de Estado que el presidente Moreno eliminó para delegar sus funciones al secretario coordinador del Ministerio de Defensa. El pueblo confía en que este informe negará la extensión de esa “vigilancia privilegiada”, y que si acaso llega a ser favorable, la resolución será lo suficientemente explícita como para que el pueblo ecuatoriano sepa cuáles son los peligros inminentes que corre la seguridad del expresidente.

“El miedo es libre”, dice un adagio popular. Si esto es verdad, todos los ecuatorianos deberíamos estar permanentemente vigilados, dada la inseguridad en la que vivimos... El Ecuador espera que este absurdo no prospere y que el 24 de mayo de este año se termine la vigilancia especial de la que goza Rafael Correa, pagada por el Estado.