La noche del 15 de marzo de 2022, el presiente de la República, Guillermo Lasso, presentó su postura sobre la ley que interrumpe el embarazo en caso de violación. Desde el Legislativo las posturas se divide entre quienes creen que la decisión es prudente y quienes consideran que se ha apartado de la sentencia de la Corte Constitucional.

"Yo no estoy satisfecho con lo que ha hecho el presidente", señala el asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas, que, además, recuerda que su posición es defender la vida desde la concepción. Sin embargo, señala que ante el mandato de la Corte Constitucional "todos tenemos que cumplir".

En ese sentido, Vanegas considera que "era lógico" que se debía implementar la denuncia como un mecanismo para evitar la impunidad. Asimismo, en el tema del plazo, señala que "el presidente a priorizado su condición religiosa a un interés de país". También destaca que el plazo de las 12 semanas es el tiempo aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Esteban Torres, indica que "en un principio no estoy de acuerdo con la fijación de semanas".  Además, hace hincapié en que, individualmente, considera que el veto total habría sido lo conveniente.

Además, señala que "espero se esté mejorando el requisito para demostrar la violación" y que, en el caso de la objeción de consciencia, la decisión del presidente busca precautelar "es parte de los doctores".

Por otro lado, la asambleísta por Izquierda Democrática y proponente de la ley que interrumpe el embarazo en caso de violación, Johanna Moreira, hace hincapié en que se ha "ha respetado la sentencia de la Corte Constitucional". Esto, según Moreira, debido a que el presidente Lasso cambia los plazos en contra del "debate amplio y democrático" que se llevo a cabo en la Comisión de Justicia.

Asimismo, sobre la demostración de la violación, Moreira indica que "los requisitos sobre el acceso al servicio no pueden ser entendidos para dificultar o revictimizar a las mujeres violadas". También critica el debate que ha tenido el tema y señala que este proceso ha tenido "más argumentos moralistas que técnicos en el marco de los estándares internacionales de Derechos Humanos".

Sobre la objeción de consciencia, Moreira resalta que "no es un derecho sin límites porque debe priorizarse la atención a la víctima en los casos que se estableció en esta ley".