Un proyecto de ley para la medicina prepagada

Una inyección mal puesta le causó flebitis. Eso sucedió en un centro de medicina prepagada, en Quito. Margoth Pazmiño, de 70 años, desembolsó dinero adicional para recibir atención médica por esa inflamación de la vena. Nunca le pidieron disculpas, pese a que se quejó. Ella es una de las afectadas por una de las 19 empresas de medicina prepagada que existen en el país.

Estas tienen 800.000 afiliados, 2’700.000 casos de atención al año y facturan 250 millones de dólares al año.

Otro ejemplo: dos empresas como esas negaron la afiliación al hijo de la pareja Feraud-Landucci porque tiene síndrome de Down.

Pero además los afiliados se quejan de la modificación unilateral de los contratos, el incumplimiento de los servicios prometidos, la imposibilidad de acudir a los centros hospitalarios que estén fuera de las redes de cobertura de esas empresas, aun en emergencias, dijeron los pacientes.

Para frenar casos como estos, está el proyecto de Ley de Medicina Prepagada. En 16 artículos desarrolla los derechos de los usuarios, las obligaciones de las empresas y las sanciones. “La prestación de servicios como estos no cumple con los objetivos sociales e individuales. Los afiliados están en la indefensión por la arbitrariedad del sistema”, señala en la explicación inicial la legisladora de Alianza PAIS Pamela Falconí, autora de la propuesta.

Este proyecto se presentó en 2014, se calificó y está en la Comisión de Derechos a la Salud de la Asamblea. Incluso estaba incluido en la agenda legislativa para su tratamiento en el segundo semestre de 2015, según una resolución de marzo de ese año del bloque de PAIS.

Pero hay dos posiciones contrapuestas sobre él: la primera, incorporarlo al Código de la Salud, que está en elaboración; la segunda, que sea una normativa independiente.

La propuesta sanciona las infracciones leves de esas compañías con multas de 30 a 100 salarios básicos; y las infracciones graves con 500 salarios básicos, la disolución de la sociedad y un expediente en la Fiscalía. También reduce costos al Estado, obliga a estas empresas a cumplir con las prestaciones. Así se liberará al IESS y al Ministerio de Salud Pública, dice.