"Preso Yunda preso", gritaron en los exteriores de la Corte de Pichincha personas identificadas con grupos sociales que fueron a exigir la sanción judicial para el alcalde de Quito Jorge Yunda, uno de los 14 sospechosos de posible peculado en la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19.

Los ciudadanos, una veintena, llevaron pancartas, pitos, sartenes y otros objetos para hacer ruido y llamar la atención de los transeúntes y del presidente de la Corte Wladimir Jhayya que instaló la diligencia en el cuarto piso de la entidad.

Tras la exposición de los defensores de los procesados que, en su mayoría alegaron la nulidad del expediente, intervino el fiscal Alberto Santillán. El funcionario expuso que no existían causas de nulidad, que se dio paso a todos los pedidos de los procesados. 

Sobre el pedido de Linda Guamán de una pericia antropológica para determinar el entorno social que vive la población, dijo que se despachó lo solicitado. Agregó que se le permitió todo el tiempo el acceso al expediente pero lamentó que en el último día de instrucción fiscal se efectuaran pedidos con la finalidad de causar incidentes. Mientra exponía el fiscal se fue la conexión con la Corte pero se recuperó unos minutos después y el fiscal retomó su exposición.