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Procurador deberá pronunciarse sobre entrega de información a asambleístas

La Contraloría ha recibido por parte de los asambleístas insistentes requerimientos de información personal certificada

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Íñigo Salvador, procurador general del Estado.Henry Lapo/EXPRESO

La Contraloría General del Estado solicitó este lunes 6 de septiembre el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre la procedencia o no de la entrega de información a los asambleístas, respecto a información personal de ciudadanos y personas jurídicas que mantienen expedientes, responsabilidades administrativas, glosas, órdenes de reintegro o informes de Indicio de Responsabilidad Penal, como resultado de los exámenes especiales practicados por este ente de control.

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El documento especifica que la Contraloría ha recibido por parte de los asambleístas insistentes requerimientos de información personal certificada de ex servidores, servidores públicos, personas naturales y jurídicas. Todas estas de derecho privado que tienen responsabilidades administrativas culposas, responsabilidades civiles (glosas y órdenes de reintegro) e informes con Indicios de Responsabilidad Penal, así como el detalle de los exámenes correspondientes.

Puntualmente se pregunta si es procedente que los asambleístas, con fundamento en los artículos 110, numeral 3 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, requieran a la Contraloría General del Estado, información certificada, a fin de conocer si los ciudadanos tienen expedientes abiertos con responsabilidades

La institución, además, sostiene que los datos personales solicitados guardan reserva en virtud que los actos administrativos, generados por este organismo de control están en proceso de juzgamiento de cuentas, lo que permite a las personas naturales o jurídicas auditadas el derecho a ejercer su defensa en las instancias administrativas y judiciales que correspondan.

“La Contraloría General del Estado no “encubre” a nadie ni ha declarado “secreta” ninguna información, dijo el Contralor (s), Carlos Riofrío, al puntualizar que “la institución realiza un trabajo técnico en estricto respeto a la Constitución, a las leyes vigentes y al debido proceso”.