Los 11 militares retenidos en el pueblo de Sarayaku fueron liberados. Ellos fueron llevados, ayer, a Shell, en Pastaza y “se encuentran bien”, según un mensaje del ministro de Defensa, Ricardo Patiño, en su cuenta de Twitter.

Para la liberación fueron necesarias más de tres horas de reunión entre miembros de la comunidad con autoridades militares y el Gobierno. El presidente Rafael Correa habló de ‘secuestro’ de los uniformados.

El pueblo Sarayaku tiene otra perspectiva. Patricia Gualinga, dirigente de relaciones internacionales Sarayaku, indicó que no se efectuaron las coordinaciones para el paso de los militares por su territorio y se pidieron explicaciones.

La retención avivó el creciente conflicto entre el Gobierno y los indígenas de la Amazonía. Días antes, miembros de la comunidad shuar se enfrentaron a policías y militares en el campamento minero La Esperanza, parroquia de Panantza, en Morona Santiago.

Según los dirigentes indígenas, los shuar buscaban “recuperar su territorio luego del desalojamiento del 11 de agosto para dar paso a la explotación minera”.

El presidente de la República, Rafael Correa, no está de acuerdo con esa versión de los incidentes. Para él, los autores de esos ataques, que ocasionaron la muerte de un policía y heridas a siete uniformados, son presuntos miembros de grupos irregulares armados.

Los ministros de Coordinación de Seguridad, César Navas y del Interior, Diego Fuentes, replicaron la acusación del primer mandatario. La cúpula policial agregó a la lista de acusaciones el robo de ganado, incendio de casas y extorsión a otras comunidades.

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, participó de la mesa de justicia que se reunió en Macas y añadió más elementos. Ella contó a EXPRESO que se abrieron investigaciones previas por una supuesta intimidación. Zúñiga dijo que hay, además, instrucción por tentativa de asesinato y tenencia de armas.

Entre 2015 y 2016, la Fiscalía inició cinco procesos judiciales relacionados con manifestaciones indígenas en Morona Santiago. Hay dos casos en investigación previa por ataque y resistencia y por paralización de servicios públicos en reclamos de la comunidad shuar por la construcción de la vía Macuma-Taisha.

Hay otro por paralización de servicio público por el cierre de la vía a Macuma. A esos se suman el de tentativa de asesinato, abierto el sábado, que tiene cinco detenidos y otro por asesinato que se encuentra en investigación previa, tras el ataque del 14 diciembre.