Los defensores de Rafael Correa, Jorge Glas, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Yamil Massuh y Cai Runguo recibieron ayer un revés judicial.

El tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco, ratificó la prisión preventiva dictada en su contra por la jueza Daniella Camacho.

Lo hizo al negar los recursos de apelación presentados por los recurrentes. Ellos son parte de 24 procesados por el caso Sobornos 2012-2016 que investigó un presunto aporte ilegal de contratistas del Estado a las campañas electorales de movimiento PAIS.

El argumento del tribunal fue que la jueza Camacho sí sustentó la prisión cuando ordenó la medida porque consideró elementos recurrentes.

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Entre ellos citaron, por ejemplo, que había procesados prófugos en otros casos, su no permanencia en el país, el abandono del país por canales no regulares, no colaboración en el proceso, aumento de peligro de fuga porque podría darse suma de penas por los tres delitos en concurso, entre otros motivos.

La Fiscalía investigó en este caso el presunto delito de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en concurrencia real de infracciones.

El fiscal subrogante Wilson Toainga había pedido a los jueces que rechacen los pedidos al considerar que las pretensiones de los defensores eran inviables. En el caso de Glas, por ejemplo, Toainga dijo que las medidas alternativas que solicitaba su defensor Harrison Salcedo son imposibles de cumplir.

Explicó que Glas tiene dos órdenes de prisión adicionales: la una por una sentencia ejecutoriada por asociación ilícita en el caso Odebrecht y la otra por peculado en el caso Singue.

Salcedo había solicitado que a su cliente, preso desde 2017, se le dicte la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante el director del centro carcelario.

Para pedir igualdad procesal, los abogados mencionaron el caso de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa y de su asistente Laura Terán, liberadas el miércoles en la tarde con sustitución de medidas.

Durante la audiencia, el fiscal insistió que el trabajo de Fiscalía es absolutamente objetivo y técnico, con base en lo que disponen la Constitución y la Ley.

La Fiscalía determinó que los aportes de las contratistas del Estado, en efectivo o cruce de facturas, habría servido para el pago de movilizaciones, refrigerios, sabatinas, artistas y otros que requería PAIS para sostener la revolución ciudadana.